A través de un artículo del periodista Gabriel Di Nicola, el diarioi La Nación ventila el tema. Uno de los allanamientos, en el barrio privado El Rebenque, en Canning, comenzó el lunes a las 6 y terminó cerca de la medianoche. Era parte de un megaoperativo de una causa por lavado de dinero proveniente del juego clandestino que terminó con 19 sospechosos detenidos, 60 vehículos incautados y el secuestro de $120.000.000 y US$20.000.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los allanamientos en El Rebenque y en los countries Terralagos y Santa Juana, también en Canning, entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, fueron ordenados por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez tras un pedido presentado por el fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, de la Fiscalía Federal de Hurlingham, funcionarios a cargo de la investigación.

“El objetivo de los procedimientos, a cargo de personal de la Gendarmería Nacional, fue desarticular una organización criminal dedicada a canalizar fondos de origen ilícito obtenidos a través de plataformas de apuestas online no registradas ante los organismos reguladores”, informaron fuentes judiciales.

Según estimó un detective que participa de la pesquisa, la organización criminal bajo investigación habría “lavado”, al menos, US$4.000.000 provenientes del juego clandestino.

La investigación comenzó en mayo de 2023 con los datos aportados por un informante, cuya identidad se mantiene en reserva, que relató “la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial”, agregaron las fuentes consultadas.

Tras dos años y medio de investigación, la fiscalía le solicitó al juez Rodríguez la detención de 39 sospechosos, entre los que se encuentra el supuesto líder de la organización criminal detrás de las apuestas clandestinas: identificado como Roberto Javier Z., dijeron voceros judiciales.

“Desde dichas plataformas, los usuarios realizaban transferencias y pagos mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros, lo que facilitaba la opacidad del circuito financiero y el posterior reciclaje del dinero”, explicaron fuentes que participaron de la investigación.

La actividad ilegal habría comenzado en 2020. “Para ocultar el origen ilícito de las ganancias, la organización utilizó una red de ‘cajeros’ que realizaron depósitos fraccionados en entidades bancarias para evitar los controles automáticos del sistema financiero. Estos fondos ingresaron en cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de testaferros (familiares o personas sin capacidad económica real). Las maniobras de blanqueo posteriores incluyeron retiros en efectivo, la compra de bienes registrables (vehículos e inmuebles) e inversiones en criptomonedas”, sostuvieron los informantes.

También, los detectives judiciales pusieron bajo la lupa la participación de una empresa que hizo las veces de financiera para lograr “el blanqueo”.

“Esa firma actuó como un nexo sustancial para transferir parte del flujo de dinero ilícito entre las diversas cuentas utilizadas por los imputados. También se imputó a profesionales que facilitaron la creación del entramado societario, entre ellos a un contador y una abogada que facilitó la creación del conglomerado societario en al menos 19 casos sospechosos, mientras que el primero actuó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como contador en un sinfín de empresas creadas, a pesar de que ambos eran sujetos obligados a comunicar operaciones sospechosas. El grupo se valió de la creación de múltiples sociedades para disimular el real origen y destino de los activos. El capital inicial conjunto de estas sociedades supera los US$400.000”, dijo un detective judicial.

De la investigación también participaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal, conducida por María del Carmen Chena.

El lunes hubo 59 allanamientos simultáneos, a cargo del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina. Participaron 340 uniformados. “Se detuvo a 19 sospechosos. La causa tiene 20 prófugos”, dijo un investigador.

Además del dinero y de los vehículos secuestrados, la Gendarmería Nacional incautó 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas investigadas, una gran cantidad de teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, tres armas de fuego y “12 kilos de marihuana que se encontraban fraccionados en bolsas de nylon tipo ziploc en condiciones de ser comercializada".

El secretario penal del Juzgado Federal N°2 de Morón, Ignacio Calvi, funcionario que interviene en la causa, comenzará a indagar a los sospechosos detenidos, informaron fuentes judiciales.v