El oficialismo sabía que este era el último día de plazo para hacerlo. En base a eso, repitió lo hecho con la ley de emergencia en discapacidad y si bien promulgó las normativas, suspendió su aplicación en base a su ya famoso y arbitrario “no hay plata”.

En parte de las leyes votadas por el Congreso se plantea un reparto de fondo y una recomposición salarial. Eso es lo que disgusta al oficialismo, más allá de la derrota legislativa tremenda que le propiciaron desde la oposición. 

En los dos decretos donde se suspendió la verdadera implementación, se indicó que la publicación de las leyes se da “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, la cual establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.

Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.

Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.

Como respuesta a esto, el Poder Ejecutivo decidió que la disposición legislativa “resulta violatoria de la división de poderes” ya que no le correspondería, según sus argumentos, al Congreso de la Nación “entrometerse en los actos dictados por el Presidente de la Nación o sus ministros en ejercicio de las facultades que le son propias”.

“Semejante accionar configura un avasallamiento de potestades propias de la Administración Nacional, de modo tal que lesiona la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que constituye la base del orden constitucional argentino”, sostuvieron.

Ante esto, desde la oposición ya preparan diversas medidas para lograr el efectivo cumplimiento de ambas normativas.