El Gobierno nacional anunció que impulsará una profunda reforma laboral que entre sus ejes centrales busca abaratar el costo de los despidos.

La propuesta fue presentada por funcionarios del Ejecutivo a integrantes del denominado Consejo de Mayo —que reúne a dirigentes políticos, empresarios y representantes sindicales— y tiene por objetivo alcanzar consenso para enviarla al Congreso antes de fin de año.

Según fuentes consultadas, la iniciativa contempla modificar integralmente el régimen indemnizatorio vigente, entre otros aspectos clave del mercado de trabajo.

Qué propone la reforma
Según el borrador al que tuvo acceso Clarín, la reforma retoma los lineamientos del Decreto 70/23 en su apartado laboral, impulsado en gran medida por el ala más dura del Ejecutivo liderada por el ministro Federico Sturzenegger.

En materia de indemnizaciones por despido sin causa, el texto formula que: «la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, ni superior a diez meses de sueldo igualmente determinado».

Es decir, el tope sería de hasta diez sueldos, independientemente de la antigüedad que supere los diez años de servicio.

Además, se propone que la base de cálculo no incluirá el sueldo anual complementario (aguinaldo), ni conceptos de pago semestral o anual —como bonos, adicionales o vales de tipo «ticket canasta»—, pese a que dichos conceptos han sido reconocidos en fallos judiciales como parte del resarcimiento.

Otro cambio previsto es la opción para las pymes de abonar la indemnización en hasta doce cuotas mensuales, con el objetivo declarado de darle «previsibilidad» al empleador.

Negociación colectiva, salarios dinámicos y jornada
Más allá de las indemnizaciones, la reforma propone introducir el concepto de «salario dinámico», mediante el cual se habilitarían incrementos variables por productividad o mérito, negociados por empresa o vía acuerdo individual, y sin que se garantice continuidad vía ultraactividad o costumbre.

En lo que respecta a la jornada laboral, el borrador habilita jornadas mayores siempre y cuando se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Asimismo, se habilitaría un «banco de horas» para compensar jornadas largas con otras más cortas, siempre que no se supere el máximo legal semanal.

También se propone fraccionar el período de vacaciones, permitiendo que el trabajador y empleador acuerden su disfrute en tramos que no sean inferiores a una semana, incluso fuera del período legal de 1° de octubre a 30 de abril, siempre que la actividad lo justifique.

Negociación, gremios y derecho de huelga
En el terreno de la negociación colectiva, el proyecto da preponderancia a los convenios por empresa por encima de los de rama actividad. Se sostiene que «un convenio de ámbito menor prevalece dentro de su ámbito de representación personal y territorial frente a otro convenio de ámbito mayor».

Respecto a los gremios, se elimina la obligación de descuentos por cuota sindical para los no afiliados, y los aportes o contribuciones sólo podrán efectuarse con “consentimiento expreso” del trabajador. De este modo, se pone fin a los aportes automáticos de no afiliados a asociaciones gremiales.

En materia de huelga, se exige una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales (salud, educación, transporte de energía, aduanas, telecomunicaciones) y del 50% en lo que se denomina «actividades o servicios de importancia trascendental», que abarcan ramas industriales, bancarias, gastronómicas, producción de alimentos y medios.

Reacción sindical y empresarial
La central gremial CGT anticipó su rechazo a la iniciativa y la decisión de intentar bloquear su implementación. Según fuentes sindicales, con el esquema de “salarios dinámicos” el Gobierno «pretende habilitar la negociación desigual entre empleador y trabajadores sin la debida participación sindical».

Desde el ámbito empresarial, en tanto, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) admitió que «nuestros equipos técnicos están trabajando todas las semanas con los integrantes del Consejo de Mayo para que salga el mejor proyecto laboral posible», aunque admitió que «hoy por hoy, no hay un proyecto ya cerrado y consensuado».

Objetivos oficiales y plazos
El Ejecutivo argumenta que el cambio es necesario para modernizar el marco laboral, promover el empleo registrado y reducir costos para las empresas, especialmente las pymes. Uno de los impulsores lo definió como “una segunda ola de reformas estructurales”.

El borrador prevé estar finalizado para mediados de diciembre, de modo que el proyecto pueda ingresarse en extraordinarias al Congreso antes de fin de año.

Impacto esperado y presiones
Si se aprobara con los términos conocidos, la reforma representaría un giro significativo en el régimen laboral argentino, particularmente en materia indemnizatoria, negociación colectiva, jornada y vacaciones. Para los trabajadores despedidos sin causa, el tope de diez sueldos implicaría una reducción sustancial de lo que hoy perciben, sobre todo para quienes tienen larga antigüedad. También, la exclusión del aguinaldo y otros rubros del cálculo significa una menor base de indemnización.

Para las pymes, el pago en cuotas y el nuevo esquema podrían ofrecer mayor previsibilidad financiera, aunque en un contexto de inflación elevada ese diferimiento puede implicar una pérdida real para el trabajador. Por otro lado, la fragmentación de la negociación colectiva y la reducción del poder de los gremios podrían modificar la correlación de fuerzas en el mercado de trabajo, lo que genera incertidumbre tanto en el ámbito laboral como en el político.

Consideraciones finales
La reforma laboral que busca desplegar el Gobierno constituye una apuesta fuerte por cambiar de raíz el marco que rige el empleo en Argentina. Su discusión será clave para el cierre del año parlamentario, y su aprobación dependerá del grado de consenso que se logre con gobernadores, empresarios y sindicatos. Hasta ahora, la CGT ya planteó su oposición frontal, lo que anticipa un escenario de resistencia.

El tope de diez sueldos en las indemnizaciones por despido se perfila como la punta de lanza simbólica de estos cambios: una medida que apunta a flexibilizar costos laborales, pero que también abre una etapa de fuerte debate sobre derechos, equilibrios en la negociación y el papel del trabajo en el país.

En ese contexto, los próximos días serán determinantes para conocer si el proyecto avanza con respaldo o si las movilizaciones sindicales y la presión social logran modificar sus líneas esenciales.