De esta forma, se oficializó la desregulación total de los aranceles de los colegios privados, poniendo fin a un esquema de control de precios que regía desde hace más de 30 años, específicamente desde la implementación del Decreto 2417/1993.

La nueva normativa, que lleva la firma del presidente y sus ministros, deroga las resoluciones que exigían a las escuelas, tanto las que tienen subvención estatal como las no subvencionadas, notificar a las autoridades nacionales sobre el importe de las matrículas y las cuotas, así como la forma y los plazos de pago.

A partir de ahora, cada institución podrá determinar estos valores de acuerdo con sus propios costos y la demanda del mercado, sin requerir la aprobación previa del Estado como ocurrió durante los últimos 30 años.

Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.

El decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

El Gobierno justifica la medida argumentando que la normativa anterior limitaba la adaptación de los colegios privados a las realidades educativas y económicas actuales.

También señala que el régimen derogado fue creado en un contexto diferente, cuando la educación estaba bajo administración nacional, y que la transferencia de estas competencias a las provincias durante los años 90 requiere una adecuación al esquema federal actual.

La desregulación ha generado diversas opiniones. Asociaciones de colegios privados, como AIEPBA, han manifestado que la notificación previa era un trámite burocrático y que la libertad para fijar tarifas es necesaria para cubrir los crecientes costos, incluidos los salarios docentes.

Sin embargo, expertos en educación manifestaron preocupación por los posibles efectos de la desregulación sin restricciones. Temen que los aumentos de cuotas, vinculados a la inflación y al mercado, se vuelvan inaccesibles para muchas familias.

Esto podría llevar a una migración de estudiantes del sector privado al público, generando presión adicional en el sistema estatal. La evolución de los aranceles en los próximos meses mostrará el impacto real de esta desregulación.