Un proyecto de ley presentado en las últimas horas por una diputada de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense generó una polémica inesperada. ¿La iniciativa? Generar una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)”, dirigida a los productores ganaderos por las emisiones de gas generadas en el proceso digestivo del ganado.
Según el sitio Data Clave, la TAMBA fue propuesta por la legisladora Lucía Klug, quien forma parte de Patria Grande, el partido que tiene como principal referente al diputado nacional electo, Juan Grabois. La diputada por la segunda sección, cuyo mandato concluye en los próximos días, argumentó la necesidad de enfrentar “los desafíos del cambio climático”, citando inventarios nacionales que atribuyen a la Provincia de Buenos Aires un cuarto de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país.
El esquema plantea que los productores ganaderos deberán pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos, calculados según la cantidad de cabezas de ganado de cada establecimiento. La propuesta fue impulsada por Klug como un sistema de “Responsabilidad Extendida del Productor” para mitigar emisiones.
Como era de esperar, la iniciativa no cayó bien en sector agropecuario y generó una ola de rechazos. “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, manifestaron a través de un comunicado desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, sostuvieron.
Y agregaron: “La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales".
Desde la oposición provincial también hicieron sentir su voz. El diputado Luciano Bugallo (Coalición Cívica) calificó la iniciativa como “un impuesto a los pedos de las vacas”. Y denunció que el proyecto es “un disparate” desde el punto de vista técnico. Según el legislador "quieren cobrar un impuesto que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar. Es como proponer una tasa por bostezo humano o un registro de estornudos".
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