El Tribunal Oral Federal N° 1 decidió la absolución de todos los implicados en el juicio por las supuestas defraudaciones al Estado mediante el programa “Fútbol para Todos”. Para los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, la acusación fiscal no estuvo correctamente aplicada. Los fundamentos completos de la decisión se conocerán el próximo 11 de marzo.

Según lo que comunicaron en la última audiencia, el alegato que hicieron los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta incumplieron su deber legal de “formular conclusiones debidamente motivadas y técnicamente individualizadas respecto de cada uno de los hechos y personas imputadas”.

Cabe recordar que la fiscalía había pedido condenar a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich a penas de 3 años y de 8 meses de prisión, respectivamente, por su presunta responsabilidad en las irregularidades e incumplimientos de contratos y por maniobras de desvíos de fondos del Estado nacional, entre agosto de 2009 y diciembre de 2015

Además, habían pedido 2 años de prisión para el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; un año de prisión de ejecución condicional a Carlos Pandolfi –presidió la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)- y a Norberto Monteleone -exgerente de FAA e integrante de la misma fundación mencionada-; y 2 años de prisión a Natale Rigano, expresidente de la empresa de camiones IVECO, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Para el resto, los fiscales había solicitado la absolución, que alcanzaba a Juan Gabriel Mariotto (excoordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola (los tres, directivos de diversas entidades crediticias).

Absoluciones para todos
El tribunal fue muy duro con la fiscalía, ya que consideró que el alegato no cumplía con los estándares mínimos de motivación exigidos por la ley y que por eso no se sostenía la acusación. Por eso, decidieron directamente declarar la nulidad del alegato fiscal, lo que equivale a la inexistencia misma de una acusación válida contra los acusados.

Ante eso, los magistrados federales dispusieron la absolución de todos los imputados e hicieron foco en que no era posible dictar una resolución debido a que no se había explicado el fundamento jurídico de la responsabilidad penal pretendida para los implicados en el debate.