Fernando Burlando juró  como abogado en Tucumán para intervenir formalmente en las causas que estén radicadas en la provincia. Tras la ceremonia, brindó una conferencia en la que adelantó que tendrá una presencia permanente en el territorio. “Voy a venir seguido a la provinica”, remarcó.

Su llegada se da en plena polémica por la medida cautelar dictada por un tribunal que prohíbe al canal CCC y a sus trabajadores realizar críticas públicas a jueces y fiscales. Burlando confirmó que su estudio ya analiza los alcances de esa resolución, a la que calificó como “grave” y “contraria al sentido común”.

“Una medida que provoca censura es en contra no del pueblo tucumano, sino del pueblo argentino. Si censuran a la prensa, aparece la oscuridad; no tengan dudas”, dijo y agregó que antes de fin de año podrían iniciarse presentaciones vinculadas al caso. “Vemos resoluciones discutidas con el sentido común y que van en contra de la ley. Evaluamos si detrás de una definición así puede existir un delito y si corresponde investigarlo”, adelantó.

Si bien aclaró que no generaliza sobre todos los jueces o fiscales, señaló que algunos funcionarios “se desprestigian” al ordenar restricciones a la prensa “sin saber qué se va a publicar”.

“Cuando el Estado recibe alertas y no actúa con la urgencia necesaria, la omisión se convierte en complicidad”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar investigaciones por responsabilidad penal contra funcionarios que no aplicaron medidas de resguardo adecuadas.

La polémica se enmarca en una serie de casos ocurridos en la provincia y que generaron preocupación. De la mano de la cautelar contra la prensa se conoció el caso de Karla Robles, la joven que se quitó la vida luego de años de hostigamiento por parte de su ex y tras constatar que el sistema judicial no le brindaba ni seguridad ni respuestas.

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