El cálculo de las sanciones económicas se basa en Unidades Fijas (UF). Con el aumento del valor de las UF previsto para enero, las multas alcanzarán sumas de entre $750 mil y $1,5 millones, en situaciones de gravedad. Antes de llegar a la sanción monetaria, podrían ordenarse tareas comunitarias por un plazo de hasta 30 días para los progenitores o tutores legales.
“El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares", indica el Boletín Oficial.
Existen excepciones puntuales para quienes se encuentren privados de la responsabilidad parental o tengan prohibiciones de acercamiento vigentes. En el resto de los casos, la ley prevé una etapa previa de mediación escolar con equipos interdisciplinarios. Si el conflicto persiste por la falta de colaboración de los padres, el expediente pasará de forma directa a la órbita judicial para la aplicación de la sanción.
Tal como lo informó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, en diálogo con Infobae en Vivo, la medida busca que las familias asuman un rol activo en la crianza de sus hijos.
El funcionario indicó los menores están dentro de los establecimientos escolares "en un horario limitado" y "el resto de la educación viene de la familia", explicó el funcionario respecto a la necesidad de la aplicación de estas medidas.
García Salazar remarcó que se dieron casos donde los padres "no cumplen con el compromiso, no cesan las conductas de hostigamiento e incluso, en algunos casos, hasta avalan estas conductas".
El ministro alertó que el 90% de los reportes actuales no corresponden a violencia física, sino a un hostigamiento psicológico sostenido que se traslada a las redes sociales. "Tenemos mucha presencia de cyberbullying, vemos que el acoso no solo se da en la escuela en un horario escolar, sino fuera de la escuela", precisó.