El oficialismo consiguió un triunfo clave antes de fin de año, con el apoyo de los gobernadores del norte. Los radicales avalaron el polémico artículo 30.

El artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto y reabrir una disputa política de fondo.

El texto impulsado por el oficialismo plantea dejar sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.

La oposición y los actores del sistema educativo leen la propuesta en clave opuesta. Consideran que se trata de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advierten que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.