En otro de sus trabajos periodísticos cargados de data, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro revelan detalles de las nuevas atribuciones que tendrá la SIDE. 

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En Argentina corren tiempos en los que la gente sencilla no tiene demasiados motivos de celebración, por lo que los festejos de la Navidad y el Año Nuevo son un solaz para olvidar penas y afianzar lazos de afecto. También es la época que algunos gobiernos aprovechan para colar decisiones políticas que, en otro momento, podrían ser cuestionadas: lo hizo Carlos Menem cuando firmó los indultos a los genocidas un 28 de diciembre -el Día de los Santos Inocentes- o la sanción de la ley de Reforma Previsional el 19 de diciembre de 2017, sin ir mucho más lejos.

Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, como diría el tango, “Justo el 31”. Si hubiese querido hacerlo de modo democrático, podría haberse tratado en las sesiones extraordinarias que culminaron en el Congreso solo unos días antes, pero eso habría significado debates y posibles obstáculos a sus deseos; por lo que el último día del año se publicó en el Boletín Oficial el anuncio de las reformas en el sistema de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que también hace pocos meses y por decisión del gobierno libertario recuperó el nombre puesto por Jorge Rafael Videla, luego de años democráticos de llamarse Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La Secretaría, lejos de estar fuera del foco mediático, parece tener agentes y directivos muy decididos a ser vistos, o por lo menos a que se hable de ellos. Sergio Darío Neiffert fue designado al frente de la SIDE el 16 de julio de 2024 luego de un fugaz paso como autoridad de el ente que regula la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). 

El hasta entonces ignoto funcionario supo ser blanco de bromas porque aparentemente su único antecedente fue ser presidente del Consejo Escolar del partido de Malvinas Argentinas. Desde que estuvo al frente de SIDE también hubo reclamos ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia para que respondiese acerca de las acusaciones de comisión de posibles delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público que le adjudicaron algunos diputados, pues ni bien llegó al cargo empezó un despliegue de movimientos poco claros. Nunca se presentó.

Un acuerdo peligroso 

El 12 de febrero de 2025 Neiffert firmó un acuerdo con una agencia que tiene sede en USA y que solo tenía dos meses de existencia para asesoramiento estratégico en inteligencia y enlace entre los departamentos afines de USA y Argentina. A pesar de lo novel de la firma, uno de los argumentos para contratarla, según reza el acuerdo firmado por el representante del gobierno argentino y “Señor 5”, es que "el Cliente considera que el Contratista cuenta con las cualificaciones, la experiencia y las capacidades necesarias para prestarle servicios.”

La empresa en cuestión es Tactic Coc LLC que, según los registros del Departamento de Estado de Florida y en el legajo del Índice de Entidades Comerciales de la División Corporaciones de esa  entidad, con el número L24000498692, se fundó el 26 de noviembre de 2024. Sus directivos son tres personas: Leonardo Scatturice -también dueño de OCA y de FlyBondi-, Pamela Poveda y Laura Arrieta, todos domiciliados en 333 Se 2nd Ave. Suite 2810 de Miami, la misma sede de otras trece empresas a nombre del mismo trío; y el acuerdo con la SIDE lo firmó, en representación de Tactic, Soledad Cedro.

Laura Arrieta saltó a la fama en Argentina por haber sido quien, bajo el apodo de “la valijera”, llegó al Aeropuerto Jorge Newbery desde Miami el 25 de febrero de 2025 en el jet privado Bombardier N18RU propiedad de Scatturice, con quince valijas que no pasaron por Aduana. Soledad Cedro, quien firmó el acuerdo, es una periodista argentina residente en Miami dedicada a la comunicación política y en 2024 fue quien registró CPAC Argentina y organizó el primer evento de la organización de extrema derecha fuera de los Estados Unidos, en Buenos Aires.

En el directorio de Tactic también está Barry Bennett, un exasesor de Donald Trump, experto en campañas políticas, con influencia en el Partido Republicano y que fue pilar fundamental -junto a Santiago Caputo- para que el tesoro estadounidense “preste” a Argentina esos 20 mil millones de dólares en danza aún, con el fin último de que Milei no pierda las elecciones de medio término. Bennet, se presume, también tuvo por esos días de visita en el país y en los que paseó por Casa Rosada como por su casa, algunos encuentros con legisladores en pos de favorecer las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, algo expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional.

ambién son parte de Tactic otros integrantes de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) como Matt Schlapp, el  exdirector de Estrategia Política de la Casa Blanca y su hija, Mercedes Schlapp; José Mallea, director de la empresa de servicios digitales Forward Global Miami, y ex empleado del Departamento de Estado y asesor del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andy Card, durante la administración Bush. Fue director de campaña de Marco Rubio, actual secretario de estado.

Ryan Coyne, también integrante de Tactic, es el fundador y director ejecutivo de Starboard LLC, una empresa de publicidad creada en 2018, pero fundamentalmente Coyne fue un recaudador de campaña para Donald Trump y en su autobiografía destaca que “mantiene una estrecha relación personal con numerosos funcionarios del poder ejecutivo en casi todos los departamentos de la administración Trump”.

Por último aparece Caroline Wren, quien se define como “una destacada recaudadora de fondos y estratega política republicana con profundas conexiones con American First”. Caroline se desempeñó como Asesora Financiera Nacional del Comité Financiero para la Victoria de Trump (TVFC) y Consultora Financiera Nacional de la campaña de reelección de Donald J. Trump para Presidente, así como Directora Financiera de la Convención Nacional Republicana.

Vale recordar que American First, la entidad a la que pertence Wren, plantea el aislacionismo de los Estados Unidos en política exterior y en sus últimos años ascendieron al liderazgo de la organización personas cuyas declaraciones se identificaron con postulados antisemitas y fascistas.

Todos ellos son asiduos interlocutores de Milei, con quien suelen encontrarse en diversas partes del mundo en los encuentros de CPAC, en donde además de dar discursos contra el wokismo y a favor de la “batalla cultural”, hacen lobby de negocios a gran escala y bailan al ritmo del paso -literalmente- de Donald Trump.

Ninguno de ellos, salvo Scatturice, tiene alguna experiencia en el universo de la inteligencia estatal. Si al acuerdo con Sergio Neiffert lo firmó Cedro, como agentes de inteligencia al servicio de Argentina en representación de TACTIC firmaron Caroline Wren y Ryan Coyne, que con sus antecedentes políticos trabajarán para el estado argentino, intercambiando información sensible, como marcamos en Data Clave en junio de 2025.

Cambiar para volver atrás

Los primeros días de diciembre Neiffert dejó de ser el “Señor 5”. Una crisis interna relacionada con lealtades y traiciones en la constante puja entre Karina Milei y Santiago Caputo lo eyectó del sillón de mando. La salida del funcionario también estuvo marcada por un episodio revelado por “La Nación”: según el medio centenario el subsecretario administrativo de SIDE, José Francisco Lago Rodríguez habría ido de visita a la casa de Neiffert y con modos poco elegantes, entre gritos y amenazas, le habría llevado un ultimátum del círculo áulico de Caputo para que deje de “cortarse solo”. Vale recordar que Lago Rodríguez fue el hombre que, junto a otro funcionario, Alejandro Colombo, se valió de más de veinte millones de pesos de gastos reservados para ir en una “misión secreta” hasta Bakú justo, pero justo, cuando Franco Colapinto corría en el circuito de la ciudad de Azerbaiján.

En reemplazo de Neiffert asumió un hombre de la Casa que hasta entonces era director de la División de Asuntos Internos (DAI), Cristian Auguadra, un contador público amigo de la familia Caputo, fue convocado en 2024 por el gobierno de Milei para dirigir la nueva estructura concebida para supervisar y auditar los recursos de toda la Agencia.

Mientras todo esto sucedía, en las sombras de un despacho se delineaban las nuevas atribuciones para la Secretaría que se materializarían con el DNU que firmó Milei. El nombre de José Francisco Lago Rodríguez es mencionado por diversas fuentes como uno de los redactores del nuevo esquema; y aseguran que se habría valido de la ayuda de María Ibarzábal, de algunos miembros de los sectores de inteligencia militar en retiro, y con el asesoramiento del estudio jurídico Cassagne-Fonrouge, que representó a Mauricio Macri en la causa Correo, entre otras.

El decreto en vigencia  habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia​.

De acuerdo al texto, se establece en el articulo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

El artículo 19 fija que “ los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”. Y agrega: “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”. 

Esta reforma habilita formalmente a que las Fuerzas Armadas puedan actuar como apoyo técnico y logístico de los agentes de inteligencia, del mismo modo que otras fuerzas federales y policías. También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estrategia Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar que queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, o sea, del Comandante en Jefe, el presidente Milei. 

Si el mayor peso de influencia en este esquema queda para Santiago Caputo, un porcentaje queda para Karina Milei: Las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad se separan y esta última pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, en manos de Manuel Adorni, un karinista asegurado.

Si esto no es una Dictadura ¿qué es?

El DNU 941/2025 es la aplicación práctica en Argentina de la nueva doctrina de seguridad nacional. Juristas, organismos de DD.HH. y la oposición advierten que sienta las bases de un Estado policial encubierto, reintroduciendo la figura del enemigo interno y militarizando la seguridad interior.

Un documento analítico de los alcances de la medida que circuló en las primeras horas de este 2026, destaca la gravedad del escenario que prepara el gobierno libertario:

• Poder de policía para la inteligencia: El decreto otorga a los agentes de inteligencia facultades de aprehensión de personas en casos de “flagrancia” o durante actividades de inteligencia, rompiendo con la prohibición histórica de que la SIDE actuara como fuerza policial. Ahora un espía puede detener a un ciudadano sin orden judicial, simplemente alegando que lo sorprendió en un “delito flagrante” detectado en tareas de inteligencia. En la práctica, habilita una “policía secreta” a órdenes del Ejecutivo. 
• Creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia: La AFC centraliza capacidades de ciber espionaje ofensivo. Se legaliza el uso de herramientas de intrusión digital (malware/spyware) con la vaga finalidad de “obtención de conocimiento”. Esto implica que el Estado puede hackear dispositivos, intervenir comunicaciones privadas y recolectar datos masivamente sin orden judicial previa, amparado en fines de inteligencia.
• Acceso masivo a datos personales: El DNU habilita a los organismos de inteligencia a acceder, sin orden específica, a una amplia gama de fuentes de información. Entre ellas: tráfico de Internet mediante proveedores, redes sociales abiertas, datos de geolocalización de teléfonos celulares, imágenes de cámaras de seguridad con reconocimiento facial, y –vía spyware– incluso micrófonos y chats privados de los ciudadanos.
• Incorporación de IA en inteligencia: Dado el volumen de información recolectada, se recurre a Inteligencia Artificial (IA) para analizar patrones y detectar amenazas, ayudando a perfilar, vigilar y predecir comportamientos de ciudadanos en todo el país.
• Colaboración con Fuerzas Armadas y seguridad interior: La SIDE puede requerir “asistencia técnica y logística” de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. Además, la inteligencia militar se reestructura para integrarse con la SIDE. Esto va de la mano con una reinterpretación amplia de la Ley de Seguridad Interior, buscando habilitar intervención militar en asuntos internos bajo pretexto de amenazas estratégicas. 

Todas estas medidas configuran una “arquitectura legal de vigilancia masiva y persecución política”, según denunció la central sindical CTA. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) también advirtió que el DNU es “inconstitucional y peligroso”, porque otorga a la SIDE “poder de policía secreta para detener personas” y un marco legal para “vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto secreto”. En suma, Argentina ha dado un giro hacia un modelo de Estado de excepción digitalizado, alineado con la doctrina de seguridad de EE.UU.

Los mecanismos de espionaje ilegal

¿Cómo funciona esta maquinaria de vigilancia moderna sobre la ciudadanía y especialmente sobre los opositores? El primer paso es la recolección indiscriminada de información de múltiples fuentes, para alimentar el sistema de inteligencia artificial. Sin “datos crudos”, la IA no puede “pensar”. Por eso, bajo el DNU 941/2025, se habilitó el acceso a prácticamente todos los flujos de datos personales:

• Intervención de comunicaciones: El Estado puede obtener registros de llamadas telefónicas, leer correos electrónicos, interceptar mensajes de chat (WhatsApp, Telegram, Signal) y escuchar conversaciones privadas activando el micrófono de dispositivos infectados con spyware. Todo sin orden judicial, amparado en supuestas tareas de inteligencia.
• Monitoreo de Internet y redes sociales: Se realiza ciberpatrullaje en redes abiertas: Twitter (X), Facebook, Instagram, YouTube, foros, blogs. La IA puede acceder a publicaciones públicas y perfiles para mapear opiniones, conexiones y estados de ánimo colectivos. Además, los proveedores de Internet podrían estar obligados a entregar meta data de tráfico: qué sitios visitas, cuánto tiempo navegas, etc.
• Geolocalización y video vigilancia: Mediante convenios con compañías telefónicas, se triangula la posición de los celulares en tiempo real. Cada móvil es un GPS ambulante que reporta su ubicación a las antenas; esos datos alimentan una base que permite saber dónde estuvo quién y con quién se reunió (si dos dispositivos coinciden en coordenadas y tiempo). Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad urbanas (públicas y privadas integradas) proveen video en vivo. Muchas con software de reconocimiento facial (LFR), capaz de identificar rostros en la multitud, y con Re-Identification (Re-ID) para seguir la trayectoria de una persona captada por distintas cámaras.
• Integración de bases de datos estatales: Padrón electoral, RENAPER (base de DNI con datos biométricos), registros migratorios, antecedentes penales, registros de vehículos, datos financieros (informes bancarios, UIF). Todo ello se vuelca al Data Lake central. Así, cada individuo tiene un perfil agregando datos civiles, movimientos financieros, historial de viajes, etc.

En lugar de espías vigilando personas, hay algoritmos vigilando a toda la población. Es una vigilancia ubicua y permanente, pero tercerizada en la máquina.

Leyendo las mentes para controlar a la población

La inteligencia artificial moderna aplicada a seguridad usa técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para interpretar el contenido de las comunicaciones, superando las antiguas búsquedas por palabras clave.

• Análisis de Sentimiento: La IA no solo detecta qué dices, sino cómo lo dices. Analiza tus posteos en redes, tus mensajes y correos para determinar el tono emocional e intencionalidad. Puede reconocer si un mensaje expresa enojo, ironía, miedo, apoyo político o indignación.
• Detección de ideas y subtexto: La IA identifica temas de conversación y hasta inferencias, analizando contextos y jerga, evitando caer en trampas de reemplazar palabras para evadir monitoreo.
• Perfilado ideológico automático: Con suficientes muestras de texto de un usuario, la IA clasifica a los ciudadanos por afinidad o riesgo. Crea categorías como: “Opositor activo”, “Simpatizante crítico”, “Indiferente”, “Potencial amenaza”, etc. Esto no se basa solo en la filiación partidaria declarada, sino en la semántica de sus conversaciones y publicaciones.

Los mapas de la disidencia

Una de las herramientas más poderosas provistas por la IA es el análisis de grafos sociales, también llamado Link Analysis. El sistema construye un mapa de conexiones humanas para identificar redes de oposición y posibles células activas.

• Construcción de grafos: A partir de registros de llamadas, reuniones, grupos de chat y relaciones en redes sociales, la IA dibuja un grafo donde cada nodo es una persona y cada enlace es una relación. En este grafo se ven quiénes se comunican con quién, quiénes se juntan, quiénes comparten actividades.
• Detección de asociaciones sospechosas: Si el ciudadano A (ya marcado como activista opositor) se reúne con el Ciudadano B (sin historial) y sus celulares coinciden en la misma antena por 2 horas, el algoritmo marca a B automáticamente como posible cómplice o recluta. Asimismo, si ambos aparecen juntos en tomas de cámaras de seguridad en una reunión política, el vínculo se refuerza. 
• Mapa de calor de la disidencia: Con millones de datos, la IA genera un “heat map” de riesgo político. Por ejemplo, detecta que cierto barrio periférico tiene muchos nodos interconectados que frecuentan asambleas, o que cierta universidad es punto de convergencia de estudiantes críticos. La disidencia se visualiza geográfica y socialmente.
• Elevación de nivel de riesgo: Supongamos que estás en un grupo de Telegram donde 2 integrantes están siendo investigados. Aunque tú nunca hayas escrito nada radical, el solo hecho de compartir espacio virtual con ellos eleva tu “score” de riesgo. 

La era del “pre-crimen”

La siguiente fase es usar todos esos datos y patrones para predecir eventos y actuar antes de que ocurran. Es el concepto de “pre-crimen” llevado a la realidad.

• Modelos predictivos entrenados: La IA analiza patrones históricos de movilizaciones y conflictividad. Por ejemplo, sabe que antes de un piquete suele haber compras colectivas de comida y materiales, o que ciertos líderes viajan a ciertas provincias. Al detectar combinaciones similares en el presente, calcula probabilidades de que se esté gestando un hecho. 
• Alertas de “flagrancia digital”: Cuando el algoritmo considera que ciertos indicios apuntan a un delito inminente, emite una alerta en tiempo real. Es decir, aunque todavía no sucedió nada en el mundo físico, la IA declara que hay un delito “en proceso” virtualmente. Esto activa a las fuerzas como si hubiera flagrancia tradicional. Se criminaliza la intención predicha.
• Intervención preventiva: Con la alerta emitida, la policía o agentes de inteligencia pueden actuar preventivamente. Por ejemplo, detener a personas que aún no han cometido ningún acto, solo porque el sistema predijo que iban camino a hacerlo. Imaginemos: la IA detecta que 50 vecinos están coordinando por Facebook para cortar una ruta la semana próxima. Antes de que salgan de sus casas ese día, las fuerzas allanan domicilios y detienen organizadores, argumentando que prevenían un delito contra el orden público.

Con el imperio de esta lógica de “precognición”, se diluye por completo la presunción de inocencia y el debido proceso. Basta un porcentaje de probabilidad generado por una caja negra algorítmica para justificar una detención. Por supuesto, siempre se presentará como “acción preventiva para garantizar la seguridad”. Pero en la práctica es represión de la mera posibilidad de protesta, o detención por pensamientos/planes aún no realizados. Un Estado así se adelanta a cualquier resistencia, cercenándola en fase embrionaria.

Deepfakes y pruebas plantadas

La modernización tecnológica también ofrece herramientas para fabricar pruebas incriminatorias, facilitando la persecución de opositores sin necesidad de evidencias reales.

• Clonación de voz y videos falsos: Con solo unos segundos de audio de la voz de una persona, la IA puede generar un audio deepfake donde esa persona “diga” cualquier cosa que el operador quiera. Estos audios falsos pueden ser sembrados en grupos de chat o filtrados a medios para justificar luego una detención por incitación o terrorismo. Lo mismo con video: deep fakes combinando imágenes para simular a alguien en una reunión delictiva.
• Inserción remota de archivos ilícitos: Dado que la AFC puede acceder a los dispositivos de un objetivo, es trivial plantar documentos o material ilegal en su computadora o teléfono. Con la IA, se podrían hasta generar documentos sintéticos y enviarlo al correo del acusado o guardarlo en su disco duro. Luego, en un allanamiento, encuentran ese archivo “comprometedor” y listo: prueba fabricada.
• Manipulación de comunicaciones: Otra técnica es alterar mensajes en aplicaciones interceptadas. Si controlan tu WhatsApp, podrían enviar mensajes desde tu número a un contacto diciendo “lleva las molotov”. Luego, esos mensajes aparecen en tu chat y te acusan de instigación violenta. La IA podría incluso automatizar la generación de este tipo de contenido encubridor.

El experto en telecomunicaciones Ariel Garbarz ha advertido particularmente sobre estas tácticas de manipulación digital. Señala que con el DNU y las herramientas de ciberinteligencia, la agencia podría fabricar evidencia a voluntad para justificar detenciones por “terrorismo”, entre otras causas, desacreditando a militantes o periodistas. En suma, ya no solo te vigilan: también te pueden “crear” un delito de la nada y hacer que parezca real.

Nadie escapa al panóptico digital

Por último, el sistema integra todas las capacidades anteriores para montar un panóptico de control total en la sociedad, incluso en el espacio público físico.

• Cámaras + Reconocimiento facial en tiempo real: Las decenas de miles de cámaras en calles, transporte, edificios públicos y privados alimentan un stream constante. El software de Live Facial Recognition (LFR) identifica rostros entre la multitud y los cruza con la base de datos de rostros. Así, pueden localizar a cualquier persona buscada si aparece en cámara.
• Reidentificación y seguimiento automatizado: Los sistemas de Re-ID permiten que, una vez reconocido un individuo, se le siga la pista aunque cambie de cámara o aunque se ponga una gorra. Se reconocen características como vestimenta, altura, modo de andar, para reacquirir el objetivo en cada toma.
• Cruce con perfiles ideológicos: Lo más inquietante es el cruce en tiempo real entre vigilancia física e información ideológica. Imaginemos: las cámaras detectan una concentración de personas en una plaza. El sistema identifica a 100 individuos presentes, y consulta la base de datos de la AFC sobre ellos. Descubre que, por ejemplo, 20 de esos individuos tienen perfil de “opositor activo” y otros 30 de “simpatizantes”. Entonces el sistema asume que es una protesta opositora no autorizada. Genera una Alerta de “reunión sospechosa”, con lista de participantes.
• Respuesta inmediata de fuerzas de seguridad: Con la alerta generada, policías o agentes de civil pueden ser enviados al lugar en minutos para intervenir. Podrían detener preventivamente “por averiguación” a alguno de los identificados, disolver el encuentro argumentando que no estaba notificado, etc. Todo esto sin que medie ninguna denuncia ciudadana ni aviso manual – es la máquina la que vigiló, analizó y dio la orden. De facto, un Gran Hermano digital supervisa las calles.

Un poco de historia 

El 13 de mayo de 1976 Jorge Rafael Videla firmó el decreto secreto 416 por el que la Secretaría de Informaciones de Estado pasaba a llamarse Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La Secretaría de Informaciones de Estado había sido creada veinte años antes por otro gobierno dictatorial: la Revolución Libertadora en 1956 tras derrocar a Juan Domingo Perón. En 1964 el presidente José María Guido dispuso que la SIDE produjera inteligencia interna contra “el comunismo” y cuatro años después, durante la dictadura de Onganía, se creó la Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista que dependía, por supuesto, de la Secretaría de Inteligencia. Además Juan Carlos Onganía, el dictador que prometía gobernar durante dos décadas, creó la Central Nacional de Inteligencia que dependía directamente de él, del titular de la SIDE y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.

En octubre de 1975, en los últimos estertores del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el Consejo de Defensa diseñó el esquema represivo con el que las fuerzas estatales iban a “luchar conta la subversión”. La responsabilidad primaria quedó en cabeza del Ejército Argentino que tenía el control de la SIDE desde 1973, y a la Secretaría se le encomendó preparar al resto de las fuerzas para las actividades a desarrollar a través de la Escuela Nacional de Inteligencia, que a su vez comandaba otro organismo, la JUAS (Junta de Acción Sicológica), que debía estudiar la “personalidad básica nacional” con los datos que le proveía el Departamento de Investigaciones de Opinión Pública (DIOP). En este esquema kaffkiano hombres y mujeres de estos organismos debían encontrar los métodos para quebrar la voluntad de sus oponentes.

La SIDE, además, tenía representación en el Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Comando del Primer Cuerpo de Ejército y en la Central de Reunión de Información (CRI), que funcionaba bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601. La SIDE estaba al frente de lo que se conoce como el Grupo de Tareas 5 (GT 5), que tenía como objetivo investigar y detectar los blancos relacionados con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y las relaciones internacionales de las organizaciones político-militares.

La SIDE reunió, entonces, funciones de persecución política por un lado, y de propaganda de sus actos por el otro, a nivel nacional e internacional. A cargo estaba el General Otto Carlos Paladino. Con la llegada de la dictadura, se adaptó a las tareas clandestinas promovidas por el mismo gobierno de facto. Al frente estaba el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel, que dispuso que todo el personal debía actuar encubierto. Fue en este tiempo en que surgieron los centros clandestinos de detención dependientes de la SIDE, como “Automotores Orletti”, “Bacacay”, “Base Pomar”, “ESMA” y tantos otros que triangulaban con el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, el DAE. Este departamento podía intervenir en diligencias migratorias y sus agentes realizaban tareas de inteligencia sobre ciudadanos de otras nacionalidades. Por tal razón, por esos centros clandestinos pasaron innumerables secuestrados y asesinados de otras nacionalidades latinoamericanas, como parte de las políticas de colaboración entre dictaduras en el programa que llevó el nombre de “Plan Cóndor”. La misión era aniquilar a los miembros de organizaciones nacionales y extranjeras consideradas subversivas, y para ello intercambiar información y realizar operativos conjuntos clandestinos en cualquiera de los países del acuerdo. 

Con la llegada de la democracia muchos de estos “agentes clandestinos” se reconfiguraron como empresarios de agencias de seguridad, como Otto Paladino y su agencia “Magister”, donde trabajaron varios criminales con César Enciso, también ex agente de la SIDE o Miguel Ángel Furci, apropiador de una niña secuestrada (en total se considera que no son menos de veinte lo niños apropiados en centros clandestinos por personal de la SIDE). Otros, ya lejos de la Agencia, fueron secuestradores, estafadores o criminales a sueldo como Aníbal Gordon -amo y señor de “Automotores Orletti”, Raúl Guglielminetti, el Indio Castillo, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Ruffo y tantos otros, algunos muertos y otros presos por delitos de lesa humanidad.

Precisamente Guglielminetti y Martínez Ruiz fueron dos de los criminales que en julio de 2024 recibieron la visita de los diputados de La Libertad Avanza mientras cumplían condena a perpetua por delitos de lesa humanidad en el Penal de Ezeiza. 

Con la llegada de la democracia, el proceso de depuración de la SIDE fue trabajoso hasta saber quién era quién. Más de 800 agentes quedaron expulsados, y lo tremendo fue que del proceso participó el mismo Raúl Guglielminetti, hasta que la prensa puso en evidencia quien era tras mostrarlo en una fotografía junto a Raúl Alfonsín. Estos nuevos desempleados pasaron a conocerse como “mano de obra desocupada”, y aumentaron los delitos como secuestros, piratería del asfalto, asaltos empresariales. Honorio Carlos Martínez Ruiz participó del robo de las cajas de seguridad de la sede central del Banco Nación, ubicado a metros de Plaza de Mayo, por citar solo un ejemplo.

Nuevos tiempos, mismos fines 

Desde el jueves 1 de enero circuló por los despachos oficiales la orden de que nadie debía viajar a Venezuela por un determinado tiempo. La directiva fue precisa y clara, y a la luz de los acontecimientos posteriores es evidente que al menos en algunos selectos espacios de poder se sabía lo que estaba a punto de acontecer: el bombardeo y captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de fuerzas militares estadounidenses en suelo extranjero. Trump, a posteriori, declaró: “vamos a gobernar el país hasta la transición, nadie se va a meter con nosotros”, sin que quede claro como interpreta la diferencia entre ese “nosotros” y ese otro “ellos”.

La medida que avasalla todos los cánones del derecho internacional y la soberanía de las naciones, refrita de algún modo los conceptos del Plan Cóndor que, digitado desde Estados Unidos, asoló toda América Latina durante una década, con dictaduras locales con la urdimbre a su medida.

Las nuevas disposiciones para el personal de la SIDE, promovidas en los mismos días en los que USA decidía invadir Venezuela; el apoyo incondicional del gobierno argentino a todas las decisiones políticas exteriores de Donald Trump; el acuerdo de la SIDE con Tactic y sus actores, vinculados con lo más rancio de la derecha y el trumpismo y con acceso directo a información reservada de Argentina; y el fomento de frentes de conflicto internos falaces como el genérico “los zurdos” o ahora también “el islamismo”, no garantizan que nuestro país permanezca ajeno a un método represivo en pos de recursos nacionales codiciados por USA -algunos de sus representantes de gobierno incluso hablan directamente de “nuestro litio”, en referencia a las reservas del norte argentino-. El viejo “América para los americanos” podría, por fin, estar al borde de cumplirse, con violencia o con entrega.