PERIODISMO DE PERIODISTAS | 25 Mar
Agencia Nova, Real Politik y la Postal de Mar del Plata: preocupante crecimiento de la persecución judicial a periodistas
Una nueva resolución judicial volvió a encender las alarmas sobre el avance del poder político en el ámbito de la prensa, en un contexto donde crecen las denuncias por persecución a periodistas y restricciones a la libertad de expresión.
En este caso, la jueza Vanesa Peluffo dispuso ampliar las medidas de prohibición de contacto —tanto físicas como virtuales— contra el director de Agencia NOVA, Mario Casalongue. Además, fueron perseguidos en esta causa Ulises Cuenca y Santiago Sautel, responsables de La Postal de Mar del Plata y Realpolitik respectivamente, en el marco de una causa por presunta violencia digital.
La decisión también incluyó la orden de eliminar, bloquear y desindexar contenidos periodísticos, lo que reavivó el debate sobre posibles mecanismos de censura indirecta.
La causa, que tramita en el fuero nacional y correccional a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella, tuvo un fuerte impulso en las últimas semanas luego de que la fiscalía solicitara avanzar sobre los acusados, cuestionando una resolución previa que no había definido su situación procesal. A su vez, se remarcó que algunos de los contenidos señalados continuaban disponibles pese a órdenes judiciales anteriores.
Desde el Ministerio Público se sostuvo que existieron publicaciones consideradas extorsivas y enmarcadas en violencia digital, lo que derivó en nuevas medidas restrictivas. Sin embargo, desde distintos sectores se advierte que este tipo de decisiones judiciales, en un contexto de fuerte alineamiento político, podrían transformarse en herramientas para disciplinar voces críticas.
Las resoluciones también incluyeron restricciones de acercamiento en un radio determinado y la obligación de cesar cualquier tipo de acción que pueda ser interpretada como perturbadora, además de reforzar el control sobre los contenidos publicados en los portales vinculados a Casalongue, Cuenca y Sautel.
El caso se da en medio de un clima de creciente tensión entre el gobierno y sectores del periodismo, donde se multiplican las denuncias por presiones, condicionamientos y utilización del aparato judicial para avanzar contra quienes difunden información incómoda para el poder.
En ese escenario, la preocupación gira en torno al impacto que estas medidas pueden tener sobre el ejercicio del periodismo, especialmente cuando las decisiones judiciales afectan directamente la publicación de contenidos y la actividad de medios digitales.
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