Del análisis integral realizado, surge que la decisión de exclusión se encuentra fundada en criterios que no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio, alterando de manera indebida las reglas del procedimiento una vez presentadas las ofertas. Esto demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso.
En particular, el dictamen incorpora un requisito inexistenteen la documentación licitatoria, al exigir que la experiencia técnica sea acreditada exclusivamente mediante ejecución directa de obras, cuando el pliego solo requiere la acreditación de experiencia mediante contratos y certificaciones emitidas por autoridades competentes.

Asimismo, se advierte un error conceptual en la evaluación, al analizar la oferta bajo parámetros propios de la obra pública tradicional, desconociendo que el objeto de la licitación corresponde a una concesión integral, en la cual resulta habitual y jurídicamente válido que el concesionario organice y ejecute las prestaciones a través de terceros contratistas.

AUBASA ha acreditado su experiencia como concesionaria vial desde el año 2014, con antecedentes certificados por organismos públicos competentes, los cuales fueron reconocidos en el propio dictamen, aunque posteriormente desestimados mediante interpretaciones restrictivas no contempladas en el pliego.

En ese sentido, Aubasa viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual, en un contexto de parálisis nacional de la inversión en infraestructura vial.

En el aspecto económico-financiero, se verifican deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación, incluyendo la falta de consideración de documentación presentada en tiempo y forma por la empresa, así como la ausencia de una fundamentación clara respecto de los criterios utilizados.

Adicionalmente, se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a AUBASA un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes.
No se trata de una cuestión interpretativa menor, sino de la introducción de exigencias inexistentes que alteran las reglas del proceso y afectan la competencia. 

Esta cuestión ya había sido denunciada públicamente el lunes pasado por el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel katopodis, quien solicitó la intervención de los organismos de Defensoría del Pueblo.
En función de lo expuesto, AUBASA promoverá la correspondiente impugnación formal, a fin de garantizar el respeto a las reglas del procedimiento, la transparencia del proceso licitatorio y la igualdad de condiciones entre los participantes.

La compañía reafirma su compromiso con la legalidad, la competencia y la gestión eficiente de la infraestructura vial, en beneficio de los usuarios y del interés público.