Por ello, luego de muchas críticas, dudas e idas y vueltas, el
Gobierno resolvió mantener este programa del kirchnerismo. Pero, resulta
notorio que lo ha hecho por necesidad, sin convicción; apurado por la situación
y empujado más que nada por el resultado de una encuesta que mostraba que
Precios Cuidados tenía un 75% de aprobación por parte de la sociedad.
Desde la Asociación CONSUMIDORES RESPONSABLES, siempre
hemos destacado y considerado positivo la intervención del Estado en la
regulación de la economía, en aras de proteger a la parte más débil (los
consumidores) de las relaciones de consumo.
Por ello, creemos importante la existencia de este tipo de
programas, que si bien no es una solución mágica al problema de la inflación,
es una herramienta que permite fijar precios de referencia y brindar a los
consumidores una posibilidad de acceso al consumo de productos a un precio
menor que el del mercado.
Y esto lo hemos demostrado en la práctica, ya que durante todo el
año pasado y entre los meses de Enero a Mayo del corriente realizamos
recorridas en diferentes hipermercados y elaborado informes de las mismas
donde constatamos un bajo cumplimiento del acuerdo, en algunos casos
inexistente.
Haciendo una rápida síntesis, podemos decir que –en general- son
muy pocos los productos de la lista que se encuentran o tienen un stock
suficiente, muchos de los que se encuentran no están claramente identificados
ni señalizados; no hay reposición permanente y en muchos casos, están
distribuidos de manera tal que resulta muy difícil ubicarlos en las góndolas.
Es más, muchos hipermercados, difunden los productos de Precios
Cuidados como ofertas propias, en un accionar cercano a la publicidad
engañosa.
Por otra parte, en ninguno estaba publicitado el número 0800-666-
1518, de la Secretaria de Comercio, en el cual los consumidores pueden
realizar denuncias o consultas ante la falta de cumplimiento del acuerdo.
Consideramos muy importante la renovación del programa, pero
sería trascendente que el Gobierno actué diferente, haciendo que la
Secretaria de Comercio y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
dispongan de todas las herramientas necesarias para controlar y exigir el
cumplimiento del acuerdo por parte de los híper y supermercados,
sancionándolos efectivamente de acuerdo a la normativa vigente cuando así
no lo hagan.
Cuesta pensar que esto pase, ya que ha quedado claro que el
programa se mantiene por una cuestión más de marketing, pero sin acciones
claras, transformándose en una muestra cabal del interés del gobierno por
defender las ganancias de los empresarios y no los derechos de los
consumidores.