Costos distorsionados
Martello planteó el siguiente interrogante: “¿Qué costo tiene, para el Estado, judicializar a miles y miles de personas a las que se les aplica el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que penaliza la tenencia de droga para consumo personal, siendo un artículo declarado inconstitucional hace más 10 años por la Corte Suprema?, ¿Esos recursos no deberían destinarse al sistema de prevención y tratamiento?”.
“Si tomamos como referencia la estimación realizada por la Asociación de Pensamiento Penal, que preside el juez Mario Juliano, la tramitación de cada una de estos procesos, que por lo general se extinguen durante el procedimiento o en la elevación al fiscal que casi siempre termina archivando el expediente, demanda unos 10 mil pesos”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto. Esta cifra incluye gastos relativos a costos del personal policial, el movimiento de los móviles, el material reactivo para determinar la calidad de las sustancias y recursos vinculados al personal de la fiscalía que debe tomar intervención.
Teniendo presente que entre 2011-2018 se iniciaron en la Justicia Federal unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se puede determinar que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones de pesos durante ese período. En tanto, sí también se toman como referencia las estadísticas informadas por el Ministerio Público bonaerense, el costo que tuvo que afrontar la Provincia ascendió a más de $1.048 millones en ese mismo período.
“Para tener en cuenta la magnitud del despilfarro de recursos materiales y humanos, el gasto por haber judicializado a consumidores de drogas en la Justicia Federal y bonaerense supera, en casi $82 millones, los recursos asignados anualmente por el Estado nacion