Según el organismo, #el sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª. En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices. Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense2.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura, presentó una denuncia penal por torturas, que incluye la aplicación de descargas eléctricas con una picana, contra un joven de 17 años. "La víctima tiene, además, múltiples lesiones en todo el cuerpo; a pesar de las visibles marcas, las heridas no fueron constatadas durante el reconocimiento médico tras su detención ni a su ingreso al centro cerrado Almafuerte. La CPM también denunció que el joven fue interrogado de manera ilegal y amenazado para que no contara lo que pasó", señaló la CPM.

" Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio: alrededor de la 5 de la madrugada, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires que patrullaban el barrio Tolosa de La Plata persiguieron durante algunas cuadras al joven; al momento de la detención lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria. Luego fue trasladado a la comisaría 6ª.  En la dependencia policial, lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales", sigue el comunicado.

"El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de ser menor de edad y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron así garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del niño.  Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada. Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.  Finalmente, fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.  Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes", señalaron en la CPM.

 Además de radicar la denuncia en la justica, la CPM denunció  a la Auditoría General de Asuntos Internos.

 Sobre el final de su comunicado se señaló que "ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo".