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Berni va a la costa a apagar el fuego vecinal por las usurpaciones y robos en casas de veraneo
*Por Jorge Joury.- La movilización de dueños no residentes de la Costa Atlántica, preocupados por la ola de robos y las usurpaciones de tierras y viviendas, hizo parar las antenas de la gobernación. En esa dirección, el ministro de Seguridad, Sergio Berni salió a decir en las últimas horas que se reunirá esta semana con intendentes de esos municipios "para garantizar el derecho a la propiedad".
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Jorge Joury
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Fuentes de esa cartera no confirmaron la fecha y el lugar del encuentro, pero Berni aclaró que es "para generar un mecanismo y garantizarle a todos los que tienen su casa que se queden tranquilos".
Señaló además, que "mientras sea ministro de Seguridad, el derecho a la propiedad va a ser inviolable, porque hay un Gobierno en la provincia de Buenos Aires que va a cuidar" los "intereses" de los ciudadanos, y ratificó su postura de que las usurpaciones "constituyen un delito".
También consideró que "defender la propiedad privada" se vincula a "la necesidad de construir certezas para toda la ciudadanía" y no tiene nada que ver con "convalidar una desigual distribución de bienes y de ingresos", al tiempo que manifestó que la mayoría de las tomas "son propiciadas por muchos vivos que se aprovechan de la necesidad de muchas familias de tener un techo propio".
En el mismo sentido, agregó que "muchas veces un mismo terreno es vendido 5, 6 y hasta 7 veces a distintas familias, que luego terminan en situaciones de violencia entre ellas porque aducen tener un mejor derecho sobre el mismo terreno".
Remarcó que frente a estos problemas no hay nada más lejano a su "ideario" que "la idea de olvidar y dejar librado a su suerte a los más desposeídos y vulnerables de nuestra sociedad": "Pero la única solución de fondo es generar trabajo, trabajo y más trabajo". "Sólo alumbraremos la verdad si nos animamos a interpelar las zonceras y a derribar las falacias a partir de tener el coraje de pensar con libertad", indicó el ministro.
También consideró que "defender la propiedad privada" se vincula a "la necesidad de construir certezas para toda la ciudadanía" y no tiene nada que ver con "convalidar una desigual distribución de bienes y de ingresos", al tiempo que manifestó que la mayoría de las tomas "son propiciadas por muchos vivos que se aprovechan de la necesidad de muchas familias de tener un techo propio".
En el mismo sentido, agregó que "muchas veces un mismo terreno es vendido 5, 6 y hasta 7 veces a distintas familias, que luego terminan en situaciones de violencia entre ellas porque aducen tener un mejor derecho sobre el mismo terreno".
Remarcó que frente a estos problemas no hay nada más lejano a su "ideario" que "la idea de olvidar y dejar librado a su suerte a los más desposeídos y vulnerables de nuestra sociedad": "Pero la única solución de fondo es generar trabajo, trabajo y más trabajo". "Sólo alumbraremos la verdad si nos animamos a interpelar las zonceras y a derribar las falacias a partir de tener el coraje de pensar con libertad", indicó el ministro.
En tanto, en las redes sociales lo que encendió la mecha fue el rumor de 500 casas y lotes usurpadas o desvalijadas en cercanías de estas playas. Pero los intendentes de seis de esos distritos, todos enrolados en el Frente de Todos, salieron a desmentir esa situación. "A los vecinos y propietarios de la Costa Atlántica: tranquilidad, prudencia y solidaridad", se tituló el escrito que firmaron Dichiara (Monte Hermoso), Cristian Cardozo (La Costa), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Jorge Paredi (Mar Chiquita) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado). "Al momento no han existido situaciones de tal naturaleza", resaltaron en un comunicado para diferenciar de las tomas de lotes que ocurrieron en municipios del conurbano durante la última semana.
Este mensaje surgió luego de que los propiedades no residentes, intentaran trasladarse a esos distritos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para comprobar si sus inmuebles habían sido ocupados y saqueados. mediante una caravana que fue frenada por las autoridades el viernes pasado a través de un control policial en la Ruta 11 a la altura de General Lavalle.
Tras la protesta, los alcaldes les garantizaron, que a los fines de constatar la situación de sus propiedades, a partir del 14 de septiembre se les autorizará el ingreso a esos municipios en tandas de hasta 60 personas y por un lapso de 72 horas.
En Pinamar estos permisos se agilizaron a mediados del mes último, por lo que más dueños pudieron llegar a sus residencias de la costa, en su mayoría preocupados por daños acontecidos por temporales o bloqueo de desagües debido a las ramas que caen de los pinares por efecto del viento.
Allí el propio intendente, Martín Yeza, se involucró en la situación de las usurpaciones y pidió el juicio político y destitución para el fiscal Eduardo Elizarraga, a cargo de la investigación de este tipo de delitos. Lo acusa de no colaborar ante las denuncias y en la presentación judicial citó al menos dos casos en los que le funcionario demoró o no actuó para avanzar con desalojo de intrusos.
Por General Alvarado también abundan los reclamos de propietarios que quieren llegar a Miramar y localidades vecinas, pero se les impide en el contexto de los cuidados para evitar contagios de coronavirus en la zona.
Mientras tanto, a fines de la semana pasada, el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de una Mesa de Trabajo para abordar esta problemática y la puesta en marcha de un sistema de "alerta temprana" para evitar nuevas usurpaciones, y un ambicioso plan de construcción de viviendas, que apuntará a paliar el déficit habitacional en la provincia. Por su parte, fuentes de la gobernación, indicaron que en lo que va del año, realizaron 868 desalojos, con 524 detenidos, "lo que demuestra que hemos venido trabajando".
Por General Alvarado también abundan los reclamos de propietarios que quieren llegar a Miramar y localidades vecinas, pero se les impide en el contexto de los cuidados para evitar contagios de coronavirus en la zona.
Mientras tanto, a fines de la semana pasada, el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de una Mesa de Trabajo para abordar esta problemática y la puesta en marcha de un sistema de "alerta temprana" para evitar nuevas usurpaciones, y un ambicioso plan de construcción de viviendas, que apuntará a paliar el déficit habitacional en la provincia. Por su parte, fuentes de la gobernación, indicaron que en lo que va del año, realizaron 868 desalojos, con 524 detenidos, "lo que demuestra que hemos venido trabajando".
Las encuestas que comenzaron a llegar a los despachos de la Casa Rosada provocaron inquietud entre las primeras espadas del Presidente y alertaron sobre la tendencia creciente en las preocupaciones de la ciudadanía a que la agenda de seguridad desplazara los problemas que habían estado al tope en la cuarentena.
A fines de julio, la “seguridad” era el tercer tema de preocupación luego de la “corrupción” y el empleo. Pero los sondeos que están aterrizando por estas horas en los escritorios oficiales muestran un cambio notable en el rankeo temático. En algunos distritos del conurbano bonaerense llega a ser el primer tema de preocupación, mencionado por el 73% de los encuestados, el triple de incidencia que tiene el tema “Salud”, omnipresente por la pandemia de Covid-19.
No es un fenómeno sólo del conurbano. En el interior bonaerense, el porcentaje de menciones a la seguridad como problema está por encima del 65% y muy lejos, con entre un 20 y un 25% de menciones, aparecen Educación (en segundo lugar), la falta de empleo y la Salud. Los números confirman la información que tenía el gobierno respecto de la creciente demanda en materia de seguridad, con tomas de terrenos, denuncias de ocupaciones de viviendas en la costa y robos, y abonaron el lanzamiento del plan de seguridad que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
No es un fenómeno sólo del conurbano. En el interior bonaerense, el porcentaje de menciones a la seguridad como problema está por encima del 65% y muy lejos, con entre un 20 y un 25% de menciones, aparecen Educación (en segundo lugar), la falta de empleo y la Salud. Los números confirman la información que tenía el gobierno respecto de la creciente demanda en materia de seguridad, con tomas de terrenos, denuncias de ocupaciones de viviendas en la costa y robos, y abonaron el lanzamiento del plan de seguridad que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.
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