Pablo Ouviña, representante del Ministerio Público fiscal, concluyó su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en el que solicitó 10 años de reclusión para Oscar Héctor Corres por considerarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita y la pena de reclusión perpetua para Eduardo Salvador Ulloa, por considerarlo autor del delito de asociación ilícita en concurso real con los 8 homicidios que se investigan en este juicio oral y público.
La fiscalía encuadró los hechos investigados como delitos de lesa humanidad y acreditó en base a la prueba documental y la valoración de algunos de los testimonios, la existencia de una asociación ilícita y la pertenencia de los dos imputados a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que estaba destinada a cometer actividades criminales en 1975 y 1976 en Mar del Plata.
Las audiencias continuarán el 21 de octubre de manera telemática virtual, oportunidad en la que harán sus correspondientes alegatos las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Derechos Humanos de de la Nación y la de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La intención del Tribunal Federal Oral de Mar del Plata es fijar una fecha en noviembre para que las defensas de los imputados puedan hacer sus alegatos de manera presencial.
Los hechos que se juzgan
En este debate se investiga la participación de Eduardo Salvador Ullua y Oscar Héctor Corres, acusados de conformar una asociación ilícita que actuó en la antesala del golpe cívico militar de 1976.
Ambos ex miembros de la CNU están acusados de conformar una asociación ilícita, además a Ullua se lo imputa por ocho homicidios. Ninguno de los dos pudo ser juzgado en el primer tramo de la causa (Ullua estuvo 9 años prófugo) por lo que su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad se investiga en este juicio que comenzó el 11 de septiembre de 2019.
La Concertación Nacional Universitaria (CNU), fue una agrupación política de ultra derecha que cometió delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos y amenazas para perseguir y eliminar personas.