miércoles 01 de mayo de 2024 - Edición Nº3871
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El sueño de los jubilados otra vez bajo catorce toneladas de piedras

*Por Jorge Joury.- En la nueva fórmula que impulsará el Gobierno en las jubilaciones para 2021 ya no se incluirá la tasa de inflación. Los aumentos serán dos por año y regirán en base a la evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado.

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Jorge Joury
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    En la nueva fórmula que impulsará el Gobierno en las jubilaciones para 2021 ya no se incluirá la tasa de inflación. Los aumentos serán dos por año y regirán en base a la evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado. La idea es reducir el déficit previsional y ajustar el esquema a los requerimientos del FMI. El oficialismo asegura que “generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes”, mientras que los especialistas cuestionaron la recaudación como variable. La mayoría coincide en que “los cambios se introducen para pagar menos”.
    Pero la evolución del haber mínimo, que se actualiza cada seis meses, con un desfase de un semestre en el cálculo del factor de ajuste, y éste desde septiembre de 2018 con una periodicidad trimestral, muestra que con el viejo sistema hubiese acumulado en los últimos 2 años, hasta septiembre 2019 que fue la última actualización, una suba nominal de 68,2%, de $7.246,64 a $12.188,82; mientras que con la nueva aumentó 78,5%, a 12.937,22 pesos.  
    Cuando Alberto Fernández asumió, la jubilación mínima era de 311 dólares y hoy es equivalente a 110. En el mismo período, los haberes más altos sufrieron sensibles retrasos. Este año, con la gambeta que se le hizo a la movilidad, el Estado se ahorró 70 mil millones de pesos. Otro dato a tener en cuenta es que la Argentina quedó en el anteúltimo lugar en un ranking global de jubilaciones, que compara los sistemas previsionales de 39 países. En la última edición del Índice Mundial de Pensiones elaborado por la consultora global Mercer y el CFA Institute, el país solo se ubicó por encima de Tailandia, que obtuvo el valor más bajo.
    No obstante, los jubilados esperan todavía una respuesta sobre la pérdida del poder adquisitivo que acumulan especialmente desde 2018. Se prevé que para marzo entraría en vigencia esta nueva ley de movilidad. Esto significa que el incremento de diciembre será el último otorgado por decreto.
    En el Congreso Nacional apuran los trámites. Queda poco espacop de sesiones ordinarias y  en diciembre, entre los feriados y fiestas, hay pocas posibilidades de sesionar en el caso de que haya extraordinarias.
    Pero hay nubarrones en el horizonte. El principal escollo que parece haber encontrado la fórmula de ajuste que suplantaría al decreto que cae el próximo 31 de diciembre es el ministro de Economía, Martín Guzmán, en particular, y el Ejecutivo en general. Se niegan a que la fórmula que se trabajó en la bancada del Frente de Todos contenga el dato de inflación. 
    La intención de los diputados y senadores del oficialismo que conforman dicha comisión es que la nueva fórmula previsional es una combinación de tres indicadores. El primero es el de recaudación, el segundo es el de la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad y el tercero el movimiento inflacionario.
    “Esto estaba acordado y la discusión era si el ajuste de las jubilaciones se va a realizar trimestralmente o semestralmente. Pero ahora estamos trabados en esta situación”, reconoció el legislador, que asegura que antes de fin de año va a ser aprobado.
    Aún está fresco en la memoria el recuerdo de diciembre de 2017. Fue cuando bajo catorce toneladas de piedras en un clima de violencia en las calles, el Congreso aprobó un cambio en dicha ley, indexando las jubilaciones principalmente sobre la base de la inflación y, en menor medida, en relación a la variación de salarios. El cambio podía parecer positivo, pero al momento de entrar en vigencia los jubilados ya tenían devengada la movilidad del último semestre del 2017: 14,5%. Se dejó sin efecto el aumento de un semestre y pagan a los jubilados solo un trimestre. Ese atraso generaba un ahorro fiscal de aproximadamente $100.000 millones.   
    Los especialistas en previsión social coinciden en que la nueva ley está elaborada para que el Estado se ahorre una importante masa de dinero. En la mirada de la abogada Andrea Falcone, “se introduce la variable recaudación para pagar menos. Si la fórmula es mitad variación de salarios y mitad recaudación es con el único objetivo de reducir los aumentos".
    Falcone contextualizó la iniciativa del Gobierno en medio de la pandemia de COVID-19, “que nos deja con menos empleo y una fuerte reducción en el pago de aportes y contribuciones”. "Los trabajadores recibirán los incrementos de paritarias, los jubilados la mitad de eso y el resto supeditado a la suerte recaudatoria del Estado”, enfatizó.
    El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó la presentación ante  funcionarios y legisladores del Frente de Todos.
    Desde el Gobierno explicaron que al incluir la recaudación en la fórmula, Guzmán apunta a “compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal”. Los técnicos de Economía entienden que la nueva ecuación permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. Por otro lado, se reincorporará el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y representa una pieza clave para evitar que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017. Mientras que la evolución salarial se medirá con el RIPTE, adelantó el Poder Ejecutivo.
    Para el diputado radical Alejandro Cacace, vicepresidente 1° de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, “tras meses de discusión en la Comisión de Movilidad Previsional, el oficialismo ha decidido -sin consenso- sacar una nueva ley que básicamente es volver a lo que estaba establecido con el gobierno de Cristina Kirchner y no tomar realmente la discusión que se ha dado en estos meses y avanzar en una nueva fórmula de movilidad previsional".
    Al analizar lo informado por el Ministerio de Economía, Cacace consideró “negativo” que se abandone la variable de inflación, “porque por definición la inflación es preservar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, y al removerla se quita esa garantía". “Por otra parte se introduce el concepto de recaudación que hace a la fórmula muy procíclica; es decir, cuando la economía crece, mejora, pero cuando la economía entra en recesión, ahí se ajusta sobre los jubilados como ha pasado todo este 2020”.
    “Con la conocida situación de que los salarios suelen ir detrás de la inflación como ha pasado en estos últimos seis meses, al volver a ser predominante lo salarial y sin tener en cuenta la inflación, nuevamente se pierde de vista la posibilidad de mantener el poder adquisitivo”, continuó el miembro de la Comisión Mixta de Movilidad Jubilatoria.
    Durante los años de la convertibilidad, las jubilaciones no tenían una fórmula de actualización y luego de la salida del sistema los aumentos se determinaban a través de la Ley de Presupuesto o por decreto. En 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por pedido de la Justicia estableció una fórmula de movilidad con un mecanismo de actualización automático de los haberes jubilatorios con dos incrementos al año (marzo y septiembre) basados en la recaudación tributaria y de la Anses y en la evolución de los salarios registrados.
    En 2017, el gobierno de Mauricio Macri aprobó una reforma previsional con una fórmula de actualización compuesta por un 70% por el índice de inflación (Indec) y un 30% por la evolución salarial (Ripte) con cuatro incrementos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre).
    En diciembre de 2019, el actual gobierno de Alberto Fernández suspendió la aplicación de esa fórmula de actualización y otorgó aumentos por decreto en marzo, junio y septiembre con porcentajes menores que los que hubieran correspondido por la fórmula anterior y con sumas fijas para compensar a las jubilaciones más bajas. "La fórmula propuesta estaría más cerca de la fórmula de 2008 que de la fórmula de 2017″, había anticipado Marcelo Casaretto, presidente de la bicameral.
    También hay que decir que el Poder Ejecutivo informó que la actualización de las jubilaciones será semestral, en marzo y septiembre, ya que de esta forma se “disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios”. Para el diputado radical Alejandro Cacace, “lo que el Ministerio de Economía marca es contradictorio con los propios objetivos que propone”. Al hacer la actualización semestral en vez de trimestral, “se va a tardar más tiempo en poder ajustar las variables y de esa manera recomponer los haberes”.
     
    *Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.    

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