Hace 30 años que Gildo Insfrán gobierna en Formosa como un patrón de estancia. No es novedad que la provincia es uno de los feudos más arraigados de la Argentina, donde el clientelismo y la mano del Estado compran voluntades con el empleo público, los planes y subsidios.Todo eso ocurre, mientras se esconde el hambre de la gente bajo la alfombra del oficialismo. Es uno de los territorios más pobres del país, junto con Santiago del Estero, donde el matrimonio Zamora, también es un espejo en la manera clientelista de gobernar. Para que se tenga una idea de la gravedad de la situación, Carlitos Tevez en su momento lo explicó con brutal honestidad :“La pobreza que hay en Formosa es muy grande. El hotel donde estábamos con la delegación de Boca era Las Vegas. Pero salías del paredón y la gente se cagaba de hambre”, aclaró "El Apache".
La brutal represión de las últimas horas en Formosa por la vuelta a la fase uno de la pandemia. No es sólo eso. También es el coletazo por la ofensiva más extrema del oficialismo sobre la Justicia, que algunos imaginaron como jugada para cambiar el temario público y sepultar el vacunagate. Sin embargo, hoy va camino de convertirse en un problema grave para el Presidente, con temblor en su equipo y la amenaza de la ministra de Justicia, Marcela Losardo a punto de hacer las valijas y dejar el gabinete.
La figura de Gildo Insfrán, no es poco para la Casa Rosada. Formosa es una de las provincias que recibe más puntos de coparticipación y el mandatario venía siendo elogiado como ejemplo por Alberto Fernández. Es la expresión máxima de los gobernadores clásicos del PJ ponderados por su duración en el cargo, jefes territoriales que fusionan el Estado local con el partido, con verticalidad rayana.
Por eso el Gobierno sintió el impacto de las imágenes sobre la represión en Formosa como otro resquebrajamiento en la gestión.
Perón solía decir que cuando los pueblos se cansan por la opresión, "truena el escarmiento". Y eso fue lo que ocurrió. Fue ni más ni menos que la reacción popular local ante la vuelta a un aislamiento social rígido por la pandemia, precedido por denuncias acerca de manejos autoritarios y violatorios de los derechos humanos. La caída de ese decorado de falsa gobernabilidad, fue lo que generó zozobra y algunas horas de silencio en la Casa Rosada. No era indecisión sino tiempo para evaluar el modo de armar la defensa del gobernador, un verdadero desafío carente de argumentos válidos.
Lamentablemente, el relato oficial sin autocrítica,volvió a circular por el camino de la justificación como ya se había hecho con una vuelta de discurso distorsiva para negar violaciones a los derechos humanos tomando como vara los secuestros y centros clandestinos en la dictadura.
Hubo consultas febriles en el oficialismo. Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, quedó en la primera línea de respuesta. El funcionario, alineado con el kirchnerismo duro, ya había visitado la provincia para tratar de diluir, en la exposición nacional, el conflicto creciente frente a las políticas de Insfrán. Con el sello de esa secretaría, el Gobierno rechazó de hecho cualquier responsabilidad del Gobernador. El gesto político fue completado por Santiago Cafiero. El jefe de Gabinete hizo una condena a la violencia y tuiteó el comunicado de la dependencia a cargo de Pietragalla.
El texto de la secretaría de Derechos Humanos fue redactado en base a los patrones internos. Repudió la represión pero la atribuyó a “integrantes” de la policía provincial y no a las autoridades provinciales. Y a renglón seguido, habló de una “campaña de desprestigio” contra el gobierno de Insfrán, con el sello ya retomado sin vueltas: otra vez se culpó a los medios “hegemónicos” y a la oposición. Una reacción lamentable que encubre la raíz del verdadero problema, donde el virus de Insfrán avanza de manera peligrosa y puede llegar a explotar como ocurrió en su momento en la Catamarca feudal de los Saadi con el caso María Soledad.
En la botonera del peronismo, Insfrán es una pieza clave. En Formosa se gana por paliza y el gobernador fue un armador decisivo en el triunfo del gobierno nacional. Ha tejido poder partidario, tiene relación privilegiada con el Presidente y afirmó desde hace tiempo sus vínculos con Cristina Kirchner. No hay que olvidar que un hombre de su riñón, José Mayans, encabeza el bloque de senadores oficialistas.
La magnitud alcanzada por la protesta en Formosa sorprendió a Alberto Fernández. En el microclima de poder, la idea de sacar de la tapa de los medios al vacunatorio vip con el capítulo judicial que fogoneó Cristina, podría ser asociado ahora nuevamente al caso, por el lado del manejo abusivo del poder.
Frente a este escenario, muchos aseguran que en esta pulseada con los jueces, la ministra de Justicia, Marcela Losardo está más afuera que adentro del gabinete. Amiga personal del Presidente desde que iban juntos a la facultad a punto de ser socios en un estudio jurídico, es uno de los constantes blancos de las críticas del kichnerismo, que percibe que Losardo no comparte los lineamientos de línea dura contra la Justicia que se espera de ella.
En los pasillos de la Casa Rosada se sabe que Losardo forma parte del grupo de "funcionarios que no funcionan", apuntados por la vicepresidenta.
Lo cierto es que luego de que Cristina mandara munición gruesa contra jueces y fiscales en su descargo en la causa de dólar futuro, la incógnita sobre el futuro de la ministra es cada vez más intensa, más allá de que el Presidente se encargue de apoyarla en cuanta oportunidad se le presente.
En lo que puede percibirse como una mala señal para su gestión, Losardo no fue informada por Fernández de la decisión de impulsar la creación de una comisión bicameral para investigar el funcionamiento de magistrados y fiscales. Es llamativo que una de las figuras más cercanas al Jefe del Estado se haya enterado de la iniciativa durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado lunes.
Justamente por esta razón se incrementan las dudas sobre su continuidad en el equipo de trabajo del Presidente. Quizás una de las pocas cartas a favor de Losardo sea el hecho de que Fernández no está dispuesto a promover cambios en el Gabinete luego de la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud por el escándalo del vacunatorio VIP.
El relevamiento que hace el propio oficialismo en Diputados y la evaluación de fuentes de Juntos por el Cambio y del peronismo no alineado coinciden en que hoy no darían los números para sancionar la reforma del fuero federal y el cambio de reglas de juego para elegir al jefe de los fiscales. Esa última iniciativa sobre el Ministerio Público Fiscal, terminaría de complicar el panorama para el postulante del Presidente, Daniel Rafecas.
Tampoco parecen tener destino fácil otros proyectos planteados por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. En primer lugar, la creación de un tribunal que le reste atribuciones a la Corte Suprema. Y en segundo término, la motorización de una comisión bicameral para ejercer control sobre el Poder Judicial. Ni siquiera fue cerrada la letra de tales propuestas.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.