Canal 13 (o “El Trece”) , María Laura Santillán y Santo Biasatti fueron condenados por realizar una cámara oculta. Ahora la emisora televisiva del Grupo Clarín deberá indemnizar a dos ex directivas de un instituto estatal para ciegos. La información fue aportada por la agencia de noticias InfoBlancoSobreNegro.

Los dos conductores involucrados (Santillán y Biasatti) se desvincularon del canal. Biasatti en 2017 y Santillán se fue este año con un conflicto que derivó en un juicio laboral mediante que reclama una indemnización millonaria.

De acuerdo a lo que informa la Agencia de Noticias InfoBlancoSobreNegro, la sentencia por la cámara oculta fue dispuesta por la Sala A de la Cámara Civil, que condenó a la señal de televisión y a los conductores por un informe que emitió el programa Telenoche Investiga.

El fallo, dictado por los jueces Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi, reivindica los derechos de las ex funcionarias Eugenia Mena y Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, directivas del Instituto Nacional para Ciegos Román Rosell, dependiente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Al dictar la condena el tribunal señaló: “La cámara oculta es un recurso que, en principio –y precisamente, por su carácter subrepticio y sorpresivo para el retratado–, tiene gran aptitud para lesionar derechos personalísimos tales como la imagen, el honor o la intimidad, y solo en casos especialísimos puede admitirse su empleo”.

Todo comenzó cuando el 12 de noviembre de 2004 una madre de una niña ciega se presentó –con una cámara oculta provista por el programa de El Trece- para pedir la internación de la menor, una demanda que que le fue negada porque una resolución motivada en las fallas estructurales del edificio prohibía nuevos alojamientos.

Los detalles de la cámara involucrada “fueron filmados en forma oculta y sin consentimiento, y concluyeron en un informe periodístico emitido los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2004 en el programa televisivo Telenoche, que se transmitía por Canal 13, en la sección Telenoche Investiga” señala el fallo.

Y agrega que a raíz de ese informe, “la demandante dijo haberse sentido difamada, humillada y usada como ejemplo de funcionarios ‘i’ (ineptos, inoperantes, indolentes), y añadió que se violaron sus derechos al honor, la imagen y la intimidad”.

Además del canal y los periodistas Santillán y Biasatti, también fue condenado el ex productor general Carlos De Elía.

Los tres “le endilgaron a (las autoridades de la institución) el desinterés, el abandono y el descuido del instituto, y la responsabilizaron por el rechazo del pedido de alojamiento efectuado por varias personas, cuando, en realidad, esa situación obedeció a expresas disposiciones emitidas por los funcionarios públicos y autoridades superiores”, expresaron los jueces en el fallo.

Su decisión reconoce que la noticia no era “falsa o inexacta”, pero advierte que aún en ese escenario existió “violación del derecho a la imagen de las demandantes”.

“Las imágenes fueron captadas en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público”, pero “ese registro fue efectuado subrepticiamente, mediante el mecanismo de una cámara oculta”, puntualizaron los magistrados de la Sala A de la Cámara Civil.

Y señalaron que las cámaras ocultas, aunque se justifican para la investigación periodística, “debe acompañarse del empleo de métodos que impidan reconocer a la persona de los retratados, salvo que eso resulte imprescindible para divulgar la noticia de interés público en cuestión”, de acuerdo a lo que menciona el fallo.

Los periodistas, de acuerdo a lo que dictaminó la justicia “tenían a su alcance la posibilidad de adoptar procedimientos muy sencillos para evitar la identificación de las actoras, tales como la difuminación (pixelado) de los rasgos faciales de las entrevistadas, y la distorsión de sus voces”.