En tanto, el concejal del FpV-PJ Gabriel Bruera salió al cruce de la decisión judicial y afirmó que las actuaciones judiciales están “politizadas”, dado que las imputaciones “no tienen nada que ver con la denuncia presentada” como tampoco “los funcionarios citadas a los que se pretende vincular”.

Se trata de una causa que inició el intendente, Julio Garro, al asumir su gestión por el faltante de una serie de vehículos municipales, de los que luego varios de ellos fueron apareciendo con el correr de los meses.

Ayer Romero decidió el procesamiento de Mariano Bruera, Gabriel Céspedes, y los también ex funcionarios en la gestión anterior Cristian Vincent, Patricio Yalet, Cristian Pérez y Javier Nohacewsky, y citarlos a declarar el 19 y 20 de diciembre.

Gabriel Bruera indicó ayer que la denuncia presentada hace un año fue realizada por “funcionarios de Garro con frondozos prontuarios, como el del ex director de delegaciones Alejandro Saavedra”, y remarcó que durante la transición “la gran mayoría de los vehículos que faltaban fueron apareciendo a medida que se iba hablando con los empleados”.

Y sobre la imputación y procesamiento de ayer señaló que “no hay en los elementos que pudimos ver ningún faltante” y que tampoco “los ex funcionarios citados tengan por su tarea vínculo alguno” con los presuntos hechos.

Al mismo tiempo, el concejal disparó contra el fiscal al advertir que es de “pública simpatía partidaria con el gobierno actual”.

Y se quejó que hay denuncias en la justicia por las que Saavedra “se presentó en espectaculares allanamientos con filmación en directo para los canales de aire junto al mismo fiscal y las mismas aún no fueron devueltas”.

EL PROCESAMIENTO

En el expediente judicial, el fiscal Romero señala a los ex funcionarios mencionados como “responsables” de una serie de “anomalías” detectadas en el uso de vehículos oficiales y maquinarias como grúas y retroexcavadoras propiedad de la municipalidad.

Y consigna testimonios que refieren su utilización “para trabajos privados”, así como la compactación de vehículos oficiales, “como móviles policiales, dos camionetas y cuatro autos”, sin su debida consignación.

Sobre este último punto, el expediente formulado por Romero consigna los dichos de un testigo quien sostiene que esta tarea se realizaba desde junio de 2014 en un taller ubicado en 134 entre 79 y 80.

Consultado al respecto, ayer, Romero dijo que aún no se puede calcular cuántos vehículos habrían “desaparecido” por esta modalidad pero advirtió que “la investigación continúa y se sumarán más elementos a la causa próximamente”.

Desde su asunción el intendente, Julio Garro, denunció el faltante de herramientas en las delegaciones y de 56 vehículos del patrimonio municipal, aunque muchos de ellos fueron apareciendo con el correr de los días. Por esta misma causa en enero del año pasado se realizó un allanamiento en una cooperativa de luminarias, que luego acreditó la titularidad de los bienes que se pretendieron incautar.