En el oficialismo se comenta en voz baja que hay muchas carpetas esperando el momento de ganar la luz. Pero serán graduadas. En la medida que los dirigentes bajen los niveles de confrontación, se alejarán del traje a rayas. El escenario con sindicalistas detenidos abrió para la Casa Rosada, una posibilidad óptima para discutir los futuros acuerdos salariales y las reformas que se propongan a su debido tiempo en el terreno laboral. Es la primera vez que un gobierno no peronista, tiene en un puño a la poderosa maquinaria gremial.

Está claro que el año que comienza será un período de definiciones judiciales para algunos de los sindicalistas más importantes de la Argentina. Hay causas con fuertes avances, otras que tienen pocas novedades recientes, y algunas que difícilmente puedan prosperar. En todos los casos, sin embargo, acusados y denunciantes esperan que tras la feria judicial de enero lleguen las definiciones. Uno de los casos más resonantes es el de Pablo Moyano, adjunto de Camioneros y vicepresidente de Independiente. El hijo de Hugo fue involucrado por el testimonio de dos integrantes de la barra del club de Avellaneda en los negocios que están hoy en la mira de la Justicia. 

El sindicato de Camioneros también fue este año objeto de una investigación sobre facturas apócrifas, que motivó también el allanamiento del gremio que dirige Luis Barrionuevo y el de su espada en la CGT, Carlos Acuña. La causa es instruida por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Los gremios son solo algunos de las entidades involucradas. 

Mayor gravedad tienen las denuncias que afectan al titular del sindicato de petroleros privados, Alberto Roberti. El también diputado nacional enfrenta dos denuncias.Por por un lado, fue acusado de enriquecimiento ilícito tras la publicación de una nota en la revista Caras donde mostró su casa en el country Abril. Además, lo denunció un integrante de su gremio, Marcelo Turchetti, quien alegó administración fraudulenta. Turchetti fue expulsado, pero la Justicia avanzó y en mayo pasado el juez correccional porteño Marcelo Conlazo Zavalía allanó las oficinas de la federación que dirige y la obra social.

Otro expediente que suma fojas es el que tiene en la mira a Víctor Santa María, titular del gremio de porteros y presidente del PJ Capital, además de propietario del diario Pánica 12 y una radio, que fue denunciado por la UIF ante la Justicia Federal. Se le imputan maniobras de lavado con una cuenta en Suiza. El dirigente salió al cruce de las acusaciones que tramitan en el juzgado de Claudio Bonadio, el mismo magistrado que decretó la prisión de otras figuras kirchneristas. 

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, también enfrenta una causa complicada por denuncias de retornos desde una empresa privada de seguros históricamente ligada a los metalúrgicos, el Instituto del Seguro SA, del fallecido Julio Raele. El expediente tramita en el fuero penal económico, y motivó hace ya tres años la imputación de Caló y el resto de la dirección del poderoso sindicato. Hubo avances en la instrucción, pero no novedades sobre la situación procesal del dirigente.

El integrante del triunvirato cegetista Juan Carlos Schmid también criticó el allanamiento del sindicato del caucho, decretado hace una semana por la Justicia federal. “El allanamiento es una muestra más del manejo de este gobierno sobre lo sindical. En lugar de actuar con los entes laborales, directamente lo hace un juez penal”, disparó Schmid. Su reclamo es que en este tipo de casos actúe el Ministerio de Trabajo y no los jueces. 

El titular del gremio del caucho está denunciado ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia por problemas en la última elección, algo similar a lo que ocurrió en otros sindicatos que resultaron intervenidos, como el de los guardias de seguridad o el de canillitas, que dirige Omar Plaini. 

Aprovechando el mar de fondo en el sector sindical, el Gobierno irá a la carga para ponerle fin a los mandatos eternos. Ya existe un proyecto de la diputada radical cordobesa Soledad Carrizo, para limitar las reelecciones indefinidas en los gremios. Entre otros puntos, plantea mandatos de cuatro años con la posibilidad de una sola renovación. Los antecedentes de perpetuidad gremial ponen los pelos de punta.

Hay casos asombrosos, como el de Ramón Baldassini, quien ostentaba hasta hace pocos meses un récord: fue durante 51 años secretario general del gremio Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT). Su representación atravesó la dictadura militar y gobiernos democráticos y superó así,  por amplio margen, los 34 años que lleva Omar Viviani al frente del sindicato de Peones de Taxis, y a los sindicalistas que se mantienen -o se mantuvieron- al menos dos décadas al frente de sus respectivos gremios. El desaparecido Gerónimo Momo Venegas de UATRE, un hombre enrolado con el macrismo es otro ejemplo claro de permanencia. Hoy en su familia también existe una lucha por sus bienes.

La iniciativa, de la diputada Soledad Carrizo, que se viene presentando en los últimos años sin la posibilidad de ser discutida en el ámbito de la comisión de Trabajo de Diputados, dispone en su artículo 2 que "los mandatos gremiales  no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo".

Existen otros casos de corrupción, como el del bancario José Zanola, hoy  preso por la mafia de los medicamentos. Solía disimular frente a los periodistas para mostrar bajo perfil. Cuando se reunía con ellos, llegaba a la sede gremial en un viejo Peugeot 404 color blanco. Además se sacaba el traje Hugo Boss y buscaba un pantalón raído y un saco con pitucones. Se los ponía y recién iniciaba la conferencia de prensa.