Según la agencia de noticias Real Politik, Miguel Vaca Narvaja, el mismo que desde su juzgado federal número 3 de Córdoba suspendió el aumento de gas a las Pymes en el año 2016, imputó al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y titular de la obra social del mismo gremio, Osecac, Armando Cavalieri, por el presunto delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis. “La maniobra lesionaba los derechos de los trabajadores que ellos mismos juraban defender. Dicho sea en criollo, los sindicalistas utilizaban el dinero de sus afiliados para sus propios beneficios a través de negociaciones espurias entre Osecac y la financiera CBI Cordubensis”, explicó un allegado al juez federal cordobés a la mancionada agencia noticiosa.

Según el informe de Real Politik, en la causa quedó imputado el titular del gremio de Empleados de Comercio de La Plata, Carlos Restivo, en calidad de autor de la supuesta defraudación. Hasta el momento, el juez no ha dictado la detención del gremialista, aunque Cavalieri habría tenido que suspender su viaje a Liverpool para presentarse ante la Justicia, en donde se negó a declarar.

Según indicaron fuentes judiciales, las pruebas contra los sindicalistas serían contundentes, y el fraude sería mayúsculo. A raíz de una orden de allanamiento de Vaca Narvaja, se ingresó a la sede de Osecac en la ciudad de Buenos Aires, en donde se habrían encontrado indicios de la relación de los miembros de la comisión directiva con numerosos cheques destinados al pago de prestaciones que finalmente fueron decretadas como irregulares, y que los sindicalistas tenían pensado cobrarlas en cuentas de Mendoza, San Juan y San Luis.

Siempre de acuerdo al informe periodístico, en la maniobra delictiva, Restivo, Cavalieri y otros gremialistas involucrados en la causa como Carlos Alfredo Belz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto y José Luis Oberto, cobraban los valores a través de Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti, que a su vez volcaba las cuantiosas sumas en la mesa de dinero que funcionaba dentro de la financiera CBI Cordubensis. Además, dedicaban parte de su tiempo a depositar cheques con dinero de los afiliados en cuentas fantasmas de compañías llamadas Halabo SA y Jotemi SA, en la sucursal de Córdoba del Banco Nación.

Intervino además el fiscal Enrique Senestrari, que intensificó su investigación hasta descubrir que los imputados creaban empresas fantasmas a través de terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y de este modo pagar prácticas que nunca se realizaron, y luego repartirse el dinero entre ellos.

Además, los investigadores pusieron la lupa en los cheques emitidos a nombre de Fundación de Prestadores de Salud (Fundapresa), Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Villa Mercedes, Fundación de Prestadores de Salud (Fundeas), Fundación Bemac Ayuda, Fundación de Aportes para la Salud, Fundación de Prestadores de Salud de Mendoza (Funpresame), Emprendimiento de Salud Asociación Civil.

De este modo, la causa que involucra al sindicalista platense Restivo implicaría una estafa que trepa a la extraordinaria suma de 53 millones de pesos.

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