Marcos Echaniz, el encargado de la colonia de verano del Colegio Lincoln de La Plata, donde el 5 de febrero murió ahogado el menor Lucas Kevin Lindeclaró durante tres horas ante la fiscal Cecilia Corfield y dio su versión del caso. Asistido por un letrado particular, explicó apuntó contra las autoridades de la institución a quienes "acusó" de intentar convencerlos para que den una versión distinta "por un tema del seguro". También explicó cuál era su función dentro de colonia y cómo era la dinámica de funcionamiento del predio.

En el punto más esperado de su función se desmarcó de la muerte del niño y dijo que “no” era su función “controlar a los guardavidas, ellos son autónomos en sus actividades”, detallaron fuentes judiciales al diario digital de La Plata 0221.com.ar. Echaniz confirmó que al momento de la tragedia estaba en predio, pero no en la pileta. Cuando llegó a la escena luctuosa vio que a la víctima le practicaban tareas de reanimación, pero ya estaba muerto.

Sobre los minutos posteriores a la tragedia, sostuvo que autoridades del colegio le pidieron a él y a otras personas que den una versión distinta en su declaración judicial “por un tema del seguro”, con la clara intención de, por un lado deslindar responsabilidades penales, y en segundo término para que el seguro pague la eventual indemnización a la familia Lin.

“Estábamos destruidos” dijo el acusado y “el colegio quería saber si estábamos en condiciones de continuar con la colonia a partir del día lunes” 11 de febrero. “Todos coincidimos que no lo haríamos, estábamos destruidos emocionalmente”. Pero las autoridades insistieron. Horas después volvieron a preguntarles si podían retomar las actividades y esta vez les ofrecieron apoyo psicológico. La respuesta fue nuevamente que no.

El encargado de la colonia quedó procesado por el delito de homicidio culposo ya que sobre él pesa la responsabilidad del deber de cuidado en todo el predio.

Este viernes deberá declarar el guardavida Martín Argüelles, imputado por abandono de persona seguido de muerte, igual que su asistente Carolina Muro, quien deberá declarar el próximo miércoles 6 de marzo. Este delito tiene una pena en expectativa de 5 a 15 años de prisión y los acusados podrían quedar detenidos durante la investigación.

Por el momento la fiscal Corfield centró la investigación en empleados de la colonia, no así en la autoridades de la institución, aunque queda mucha prueba por producir en el expediente y no se descarta que la arista empresarial del caso deposite en prisión a los propietarios del colegio.