miércoles 22 de mayo de 2019 - Edición Nº2065
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Creen que en el juicio a una docente platense podrían abrirse las puertas del infierno de una red de trata infantil

Las audiencias están previstas para los días 25, 26, 27 y 28 de este mes desde las 8,30, y en ella desfilarán ante la cámara penal de Puerto Madryn peritos grafólogos, psicólogos, psiquiatras, docentes y psicopedagogas, y se exhibirán croquis de la vivienda donde supuestamente ocurrieron los hechos, además de fotos.


Entre el 25 y el 28 de marzo se va a realizar el juicio oral a la madre de un menor y a su pareja por abuso sexual. Se trata de Julián Morón y Bárbara De Cristófaro quienes están acusados del delito que se investiga desde noviembre de 2016. Los hechos relatados en la causa se registraron en Puerto Pirámides. Vale recordar que el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn había propuesto archivar la causa detallando que no había pruebas del hecho narrado por el menor. Pese a ello, la jueza Stella Eizmendi tras haber ampliado el período de investigación elevó la causa a juicio, a principios del año pasado. Un año después de esa decisión y a más de dos de iniciada la causa se llevará a cabo esta instancia cuya fecha se postergó ya que iba a efectuarse el 11 de febrero de 2019.

Según cuenta el portal http://portal.fundacionceferino.org.ar, 

Con el tribunal compuesto por las juezas Marcela Pérez y Flavia Trincheri sumado al magistrado, Marcelo Orlando, se dará comienzo al juicio por una causa de abuso sexual infantil que involucra a la madre y a la pareja de ésta en relación a la denuncia planteada, en noviembre de 2016, por parte del padre de la víctima quien, en Cámara Gessel detalló que no solamente fue abusado por estas dos personas sino también por varios integrantes del entorno de la pareja que subirá al estrado judicial a partir del próximo 25 de marzo desde las 8.30: la presidencia del tribunal recayó en la figura masculina del triunviro.

Los tiempos de la justicia

La causa comenzó el 25 de noviembre de 2016. De ahí en más, el suplicio para una familia que quedó “desarmada” y con el padre de la víctima denunciando a su ex esposa y a al actual compañero de la misma: pese a las pruebas colectadas, el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn a través de las fiscales Angélica Cárcano y Alejandra Hernández más la intervención posterior del fiscal en jefe, Daniel Báez solicitó, antes de los seis meses previstos para la primera etapa de la investigación, el cierre de la causa por considerar que el menor había relatado un “cuentito” (esta definición surgió de los análisis de la licenciada Mariana Pastor), inducido por adultos en aquéllo que se señala como “alienación parental” (la defensa de los acusados, inclusive, presentó a un especialista en el tema el Dr. Mariano Castex, quien trabajó en causas como las de Horacio Conzi -empresario porteño que asesinó a Marcos Schenone- y a Fabían Tablado -quien le asestó 113 puñaladas a Carolina Aló-, resonantes episodios a quienes pretendió, como perito, demostrar la imputabilidad de ambos ante una severa pena prevista para los dos hombres); pese a que del informe final que incluye la postura de la defensa de los imputados, Néstor Fabián Gabalachis quien reconoció que había elementos para considerar que se trataba de un posible caso de ASI(Abuso sexual infantil).

Tras la determinación de la jueza Eizmendi no tan solo de no cerrar la causa sino de extender los plazos de la investigación a seis meses más, el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn se “corrió” del caso debiendo tomar la querella la dupla de abogados que componen Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti quienes continuaron la causa e inclusive una posterior pericia de otra licenciada, Elsa Sánchez, desmintió la que en primera instancia había firmado Mariana Pastor.

Vale recordar que en la primera intervención del menor en la Cámara Gessel, la licenciada Pastor interrumpió la narración de la víctima de quien, se insiste, escribió luego que estaba relatando un “hecho increíble”.

Condimentos políticos y silencio stampa

Pese a que el protocolo señalado por diversos integrantes de los “derechos del niño” señalan que exponer ejemplos de ASI es re-victimizar a la víctima, hay pruebas concretas de cómo algunos fallos son publicados directamente por las usinas de comunicación de algunos de los poderes del Estado.

Sin embargo en este hecho fue todo lo contrario. Y como en otros ejemplos de variada gama, el silencio de funcionarios públicos, organizaciones abocadas a la temática, representantes de los menores en la justicia y los medios de comunicación fue más fuerte que los sonidos.

La acumulación de nombres ligados a la actividad política de la villa balnearia de Puerto Pirámides (la acusada De Cristófaro que se desempeñaba como docente fue excluida de su función por el Ministerio de Educación y desde la municipalidad del lugar la “adscribieron”) pareciera haber “tapado” el tema del cual se hizo eco la organización “Infancia Robada” que a nivel nacional depende de la religiosa Marta Pelloni, reconocida por su trabajo social y participación en el crimen de María Soledad Morales, en La Rioja, en 1990 (uno de los símbolos contemporáneos de femicidios) y que en la zona tiene como referente al cura Juan Nota a quien fustigaron desde el ex Gobernador Das Neves hasta el intendente Sastre por sus dichos sobre prostitución infantil -en épocas en que la secretaría de Derechos Humanos estaba a cargo de Fernando Peralta, dueño del boliche capitalino “Mil Demonios” quien debió renunciar porque fueron halladas menores en ese local que, a su vez, estaban a la guarda de un hogar trelewense- cuando habló sobre “turismo sexual” en las paradisíacas playas sureñas.

Fue el propio fiscal Báez quien salió al cruce cual árbitro de boxeo para interrumpir la discusión planteada en el seno de una sesión en el Concejo Deliberante en donde se pelearon verbalmente los ediles Miguel Antín y Franco Albanesi: “No hay ningún político involucrado en la causa”, expresó por entonces Báez quien como sostenemos intentó cerrar la causa y adoptó el rol de defensor cuando pidió variar una orden de allanamiento solicitada por la jueza Eizmendi, por una “inspección ocular”.

¿Los medios? Poco y nada y la causa que pudo haber sido más voluminosa quedó seccionada en la acusación a las dos personas que subirán al banquillo el próximo 25 de marzo.

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