Durante el ciclo lectivo 2018 escuelas públicas platenses fueron blancos constantes de amenazas de bombas. Uno de los colegios que más sufrió esa situación fue el Normal 1, que llegó a tener varias intimidaciones diarias, señala el diario digital platense 0221.com.ar en su edición de este miércoles.

La situación en la sociedad educativa parecía desbordada. Pasaban las semanas y las soluciones no llegaban. Los ministerios de Seguridad y de Educación provincial no encontraban respuestas más que las evacuaciones, pérdidas de días de clases y familiar alteradas en su rutina laboral.

Según el artículodel periodista Martín Soler, "a fines de septiembre de aquel año el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, designó a Condomí Alcorta para investigar los casos. Con el paso de la semana la situación mostraba signos de cambios y con la llegada de los primeros allanamientos y detenciones la tasa semanal de intimidaciones comenzó a desinflarse rápidamente, salvo en el Normal 1, donde una interna entre los directivos y los investigadores judiciales mantuvo en turbulencia permanente a la comunidad educativa. Fuentes oficiales aseveraban que el Director se negaba a cumplir las nuevas directivas de no evacuar ante las intimidaciones, lo que le generó una imputación en sede penal".

Las investigaciones penales siguieron su curso durante todo el verano 2019, incluso hubo allanamientos y nuevas imputaciones. Con el panorama más aclarado, comienza la segunda etapa: el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal tiene todo listo para reclamar el pago de los operativos de seguridad (costas del servicio en lenguaje más técnico). Se estima que se iniciaron “no menos de 40 demandas”, detallaron fuentes oficiales consultadas por este medio. 

El brazo encargado será la Fiscalía de Estado, cuyo titular es el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, Hernán Gómez. Este organismo de la constitución provincial tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de demandada como demandante. La Constitución provincial establece que el organismo “será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”. El mismo principio se encuentra en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (decreto-ley 7543/69), el que especifica que la actuación del titular se extiende a todos los juicios “cualquiera sea su fuero o jurisdicción”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir. En su reglamentación interna, el Fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia y que sigan sus instrucciones.

Fuente: 0221.com.ar