"Tras los promocionados operativos antidrogas, bandera de campaña impulsada entre Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata, se demolieron unas 13 casas que identificaron como “búnkers de droga”. Entre ellas, se ubicó una vivienda en construcción que se encontraba usurpada para el narcomenudeo, pero en lugar de ser restituida a sus dueños legítimos, Julio Garro y Cristian Ritondo decidieron demolerla para las cámaras". Así arranca un informe periodístico publicado en el diario digital Diario Contexto, donde se da cuenta de la curiosa historia.

El artículo del periodista Roberto Alvarez Mur se titula, justamente, "Para hacer propaganda contra el narcotráfico, Garro y Ritondo le demolieron la casa a una familia".

Lo reproducimos:

“13 búnkeres narcos menos”, fue el pomposo anuncio que el intendente Garro difundió en las redes sociales con imágenes y videos de topadoras derribando casillas, durante el operativo llevado adelante el pasado 8 de mayo. Entre esas construcciones se encontraba la casa en plena obra de Judith Torres Egues y Jorge Giménez, quienes se enteraron por parte de un vecino que su propiedad había sido allanada.

La construcción fue allanada por un operativo realizado el día 22 de abril en la zona de Melchor Romero. Tanto Jorge y Judith se enteraron del despliegue a través de un vecino que les avisó de la presencia policial en la obra. Tras hacer múltiples reclamos, ninguna autoridad pudo darles una respuesta certera sobre la situación de la vivienda y, semanas después, terminó demolida como un “búnker” más.

“La casa la estamos construyendo con esfuerzo desde 2018, no estábamos viviendo ahí porque aun le faltaba arreglos de puertas y ventanas. Mi marido trabaja 26 días de corrido en Olavarría para una empresa constructora y tiene 6 días de franco. Él estaba trabajando cuando pasó todo y yo me enteré porque me llamó un vecino y me dijo ‘deja lo que estés haciendo y venite para el terreno que está la policía’. Llegué allá y la Policía no me dejaba entrar porque estaba allanada”, dijo a Contexto Judith, quien junto a Jorge trabajó durante meses para poder finalizar la vivienda edificada en un terreno de la zona de 162 y 526.

Al tener conocimiento del allanamiento, la pareja –que tiene un hijo con una discapacidad- se dirigió la Fiscalía Número de 1 de La Plata que ordenó el operativo, junto con la custodia policial que impedía el ingreso a la casa en cuestión.

“Con Jorge hicimos una denuncia poniendo en conocimiento que la propiedad era de él, que él no había habilitado a que lo ocupe nadie, denunciando usurpación. Esa causa se radicó en la UFI 17 y en Garantías Número 3”, dijo a Contexto Ezequiel Funes, el abogado que ahora acompaña a la familia. Funes explicó que, además, se hizo una presentación en el Juzgado de Garantías Número  6 “solicitando la devolución de la propiedad”.

“Al ser ese juzgado el que ordenó el allanamiento, es el que debería resolver la cuestión. La ayudantía fiscal sacó una resolución diciendo que a ellos no ‘les habían pedido ninguna medida de custodia’. Lo cierto es que el Municipio y el Ministerio de manera conjunta decidieron derribar la construcción”, dijo Funes y agregó: “Lo que nos resulta raro es cómo el poder Ejecutivo y el ministerio de Seguridad bonaerense tiene un criterio para ordenar un allanamiento sobre propiedad privada, pero después decide derribarlo de manera administrativa”.

El abogado explicó que en lo próximo deberá investigar las causas para determinar desde qué organismo se procedió a realizar la demolición de la casa de Judith y Jorge. Luego, se dará parte la Justicia Contencioso Administrativa para resarcir a esta familia platense que, ahora, se quedó sin hogar. “No sé qué vamos a hacer. Somos trabajadores y pusimos hasta el último centavo para poder comprar ese terreno y levantar de a poco la casa. Ahora nos la derribaron y no sabemos siquiera si alguien nos va a resarcir”, agregó Judith.

Cabe destacar que esta semana también hubo una “metida de pata” por parte de Seguridad, en  la Ciudad de Buenos Aires, cuando una mujer fue detenida por error, tras la falla de un detector facial que confundió su rostro con el de una sospechosa de una causa por fraude habitacional. La mujer fue demorada durante horas en una comisaría porteña, donde permaneció incomunicada porque no tenía ni abogado, ni familiares en la ciudad.

La reciente implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos opera con las 7000 cámaras que tiene el Sistema Integral de Video Vigilancia de la Ciudad, para rastrear a las personas buscadas por el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldía. Empleados del subte también fueron acusados por error a causa de una falencia de esta nueva dinámica.