El mismo fue presentado este martes y, en la reunión de labor legislativa, se acordó que saldrá por unanimidad, es decir que acompañarán todas las fuerzas políticas que componen los 24 concejales.

La semana pasada se dio a conocer que el cura confesor de Grassi realizó una denuncia en el la fiscalía a cargo de Marcelo Romero en la que pedía “una orden de prohibición para que no lo mencionen” y exigía que se investigue a los “periodistas de cada medio”. Además se refiere al “delito coacción”, según el artículo 149 bis del Código Penal y pide el “procesamiento de los responsables”. Dicho concepto establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”.

Entre los fundamentos cita notas de distintos medios de comunicación de la ciudad como: www.0221.com.ar, www.cadenaba.com.ar, www.agencianova.com, www.laizquierdadiario.com, www.tolosavive.com, www.infocielo.com, www.pulsonoticias.com, www.infobaires24.com, y el canal de noticias nacional Tn. También menciona el grupo de Facebook: Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, de la que forman parte algunas de las víctimas que lo denunciaron ante la justicia. Queriendo acallar a los medios, y buscando “adoctrinarlos”, Lorenzo considera que las notas fueron “fake news”, forman parte de una “campaña difamatoria”, e “informan de manera maliciosa”.

A raíz de la denuncia, el Sindicato de Prensa Bonaerense también repudió a Lorenzo. El gremio consideró que “es un burdo intento de censura e impunidad” y pidió a los “Poderes Públicos” que rechace la denuncia del cura confesor de Grassi. En el mismo indicó que “rechaza en todos sus términos el intento de criminalizar el ejercicio del periodismo planteado por Lorenzo al presentar una denuncia penal contra medios y periodistas que están informando sobre el proceso en su contra por denuncias de abusos sexuales”.

Además solicitó “el inmediato pronunciamiento de rechazo de los Poderes Públicos a este burdo intento de censura e impunidad, apuntando a la criminalización del ejercicio profesional de periodismo (garantizado por la Ley 12.908)”. En ese sentido, el Sindicato “expresa su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de prensa que han sido incluidos en esta denuncia de Lorenzo, que es absolutamente atentatoria contra la libertad de prensa y el derecho de la comunidad a la información”.

“Si el periodismo tiene que pedir autorización a los imputados de un delito para informar, como pretende el sacerdote Eduardo Lorenzo, no habrá ni periodismo, ni libertad de expresión, ni derecho a la información y, fatalmente, se impondrá la impunidad en un golpe inadmisible a un estado de derecho y de plena vigencia del sistema democrático”, finalizó.