La provincia de Salta sigue conmovida luego de conocerse casos de funcionarios y
concejales, entre los que se destaca uno de los titulares de Anses, que habían cobrado o
tramitado el ingreso familiar de emergencia (IFE).
En el caso interviene la Justicia Federal, a partir de que el fiscal federal a cargo del Área
de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo
Toranzos, imputara a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación por cobrar indebidamente la ayuda. Los funcionarios públicos fueron
acusados de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de
sus deberes.
El juez de Garantías Julio Bavio dispuso en primer término formalizar la imputación
penal, tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado era "sólido
y provisto de numerosa prueba documental", y, en segundo término, dispuso que el
plazo de investigación se extienda por noventa días, y fijó un embargo en 60 mil pesos.
Previamente la Justicia provincial se declaró incompetente en la investigación, ya que
las sumas de dinero que habrían sido percibidas corresponden a fondos de la Anses.
Los 17 concejales imputados corresponden a 15 localidades de la provincia: Jesús
Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella
(Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro
Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo
Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta
Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los
Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez
(Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco) y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor
Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
Junto a los ediles también fue imputado Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Pero las desviaciones de fondos destinados a personas carentes de recursos
trascendieron las fronteras, ya que se confirmó que una concejal de Bolivia cobró el IFE.
Se trata de Romina Villena Rodríguez, una edil del municipio de Padcaya, localidad
ubicada la sur de la provincia de Aniceto Arce, en el departamento de Tarija. Pero la
situación no se quedó ahi, la concejal boliviana también cobraba la asignación universal
por hijo (AUH).
De acuerdo a la información consignada en el Tribuno de Salta, Villena Rodríguez tenía
domicilio declarado en el paraje La Misión, en Los Toldos, aunque nunca vivió en la
Argentina.
La situación escaló a tales niveles de indignación social que hasta el gobernador Gustavo
Sáenz se expidió al respecto y, tras repudiar la actitud de los implicados, reclamó a la
Justicia que actúe con máxima celeridad y con el peso de la ley.
El escándalo surgió a partir de una investigación de los medios FM Noticias, Buufo y
Salta Entre Líneas, que hicieron un entrecruzamiento entre los datos de los concejales,
intendentes y diputados de la provincia y la página de la Anses y encontraran que en
total son 52 los políticos que se inscribieron para recibir el subsidio estatal.
No obstante, algunos de los trámites fueron rechazados, como el caso del director de la
Anses y referente de La Cámpora en Salta, Marcos Vera.