El Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, rechazó los pedidos de nulidades y sobreseimientos solicitado por las defensas de los imputados y elevó a juicio la causa por la Masacre de Monte. 23 policías bonaerenses y el entonces secretario de seguridad del Municipio están acusados de los delitos de homicidio, encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público. El juicio se realizará en el Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y patrocinante de las familias de Danilo Sansone y Camila López, destaca la celeridad y profundidad de la investigación de parte de los fiscales y el juzgado intervinientes.

En la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad de San Miguel del Monte en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo un patrullero de la Policía Bonaerense de la estación comunal comenzó a perseguirlos y disparar contra el auto. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del auto, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo.

 Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad. Inmediatamente después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo en la escena del crimen para borrar pruebas y se falsificar las actas de procedimiento.

 A casi dos años del hecho, el Juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi rechazó los pedidos de nulidades y sobreseimientos efectuados por los abogados defensores de 14 de los 24 imputados, y elevó a juicio la causa 2118, que investiga la persecución, asesinato y encubrimiento.

 En su resolución, contrariamente a lo expuesto por la defensa de los policías, el juez entendió que no hubo agravios ni se cercenó ningún derecho ni garantía procesal para sostener la nulidad de lo actuado. Y sobre los pedidos de sobreseimientos, sostuvo que existen en el expediente judicial elementos de mérito suficientes para considerar la participación de los imputados en los delitos que se les indilgan.

 El viernes de la semana pasada, el juez Silva Pelossi ya había elevado a juicio la causa contra otros 10 imputados, cuyas defensas no se habían opuesto a la requisitoria fiscal, y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías para que se sortee el tribunal, resultando elegido para la realización del debate oral y público el Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Plata. Por tratarse del mismo hecho, la reciente elevación a juicio se radica directamente en el mismo tribunal.

 El Capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez están acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público. En su resolución, el juez Silva Pelossi aclaró que estos cuatro imputados ya optaron por el procedimiento del juicio por jurados.

 Otros nueve policías están imputados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: se trata de Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro.

 

Además, Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Y los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui por violación de los deberes de funcionario público.

 

El último de los imputados es Claudio Martínez, el entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público.

 

Además de estas elevaciones a juicio, aún queda pendiente la causa que investiga las responsabilidades de la ex Intendenta Sandra Mayol y de Nelson Barrios. También la causa que en la justicia federal investiga las acciones de espionaje ilegal que la policía bonaerense desplegó sobre los familiares y actividades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

 

El organismo acompañó desde el primer momento a las familias de las cinco víctimas y también a los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte que, con sus testimonios, fueron claves para desmontar la versión policial y derribar el plan de encubrimiento que los imputados desplegaron apenas ocurrido los hechos. El compromiso de estos testigos con la causa fue reconocido tanto por el fiscal como por el juez de garantías en cada una de las resoluciones adoptadas. La sostenida y masiva movilización de la comunidad reclamando justicia, fue sin dudas un elemento muy importante para el avance de la causa.

 

La CPM, como patrocinante de las familias de Danilo Sansone y Camila López, también destaca la celeridad y profundidad de la investigación judicial, que permitirá juzgar no sólo el asesinato policial sino también la trama de encubrimiento que buscó ocultar la verdad para garantizar la impunidad del hecho, una maniobra habitual de las fuerzas de seguridad cuando se trata de casos de violencia institucional y que, sin embargo, muy pocas veces se investiga y muchas menos veces llega a juicio.

 

 

 

 

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La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Susana Méndez (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, María Sonderéguer, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez y Carlos Sánchez Viamonte.

Consultores académicos: Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes

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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provincial 12.642/00 -aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.