En el sondeo que hizo entre el 22 y el 24 de abril la consultora Proyección, la pobreza y la inflación figuran arriba de la inseguridad como los principales problemas del país. El desempleo le pisa los talones.
Por ello, el Gobierno comenzó a pergeñar una estrategia para tratar de llegar a las elecciones revirtiendo el malhumor social por el calentamiento de los precios. También se mira con la lupa el comportamiento del tipo de cambio informal que pasó de $139 a $162, volviendo a los niveles de mediados de enero. Esta señal preocupa a la Casa Rosada que tiene decidido pisar todos los precios de la economía para intentar contener la inflación que galopa con fuerza al ritmo de la emisión monetaria.
En resumen, en el corto plazo la estrategia es clara y es muy parecida a la que se usó en el período 2011-2015 cuando también había cepo cambiario. El programa antiinflacionario incluye una política monetaria más cuidada y pìsar las tarifas de luz y gas.
En diciembre de 2020, durante un acto en la Ciudad de La Plata donde el Gobierno hizo un balance de su gestión, la vicepresidenta había opinado sobre el tema. Allí llamó a alinear “los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas” y remarcó que esa iba a ser una “tarea fundamental” durante este año.
La ofensiva contra los precios tiene un componente político: existe mucha inquietud entre los intendentes del conurbano. Los caciques del Frente de Todos ven con preocupación cómo suben los artículos de primera necesidad en los barrios más pobres.
El paquete de medidas que se está discutiendo tiene tres patas que son: el control de precios (vía acuerdos, congelamientos, restricciones, retenciones), pisar la suba de tarifas e intentar atrasar el tipo de cambio.
La elaboración de las medidas se encuentra en estudio del equipo del ministro Martín Guzmán, conformado por Paula Español, Matías Kulfas y el titular del Banco Central. Hay que aclarar que por orden de Alberto Fernández lo monitorea Santiago Cafiero.
A la Casa Rosada le preocupan las fuertes críticas políticas que recibió el área económica por el recalentamiento de los precios. El demoledor dato del 4,8 % de inflación en marzo, encendió el semáforo rojo. Por lo que se sabe, se planea reforzar los controles de precios y las regulaciones.
En la mirada de Guzmán “Los economistas generaron una irreal expectativa inflacionaria, con sus alocadas proyecciones”. Y concluyó: “Esas proyecciones hacen que se remarquen los precios”.
Se habló además de la falta de colaboración de los hombres de negocios. Al respecto Cafiero dijo: “Ellos no acompañaron nuestras pautas macroeconómicas, como lo hicieron los sindicatos”. Y contragolpeó: “Ahora nosotros vamos a imponerles esas variables a la fuerza”.
El paquete que se está elaborando tendría cuatro puntos esenciales. Involucra controles, pero también decisiones monetarias, fiscales y del dólar. La cuestión se trató en la COPAL y también en la UIA. Los hombres de negocios, aunque de mala gana, acompañarán.
Asocian la movida con el recordado “Plan Primavera”, el programa que puso en marcha Raul Alfonsín en el último tramo de su mandato con idéntico objetivo de contener los precios y llegar a las elecciones presidenciales.
Como se sabe, esa experiencia terminó mal y la situación explotó el 6 de febrero de 1989. La decisión de congelar los precios de la canasta familiar tiene muchos desafíos para los funcionarios del actual gobierno. Entre ellas, la incertidumbre es qué hacer el día después de que termine el control de precios.
Para que ese mecanismo funcione, aunque sea temporalmente, los especialistas sostienen que se necesita cierta prolijidad fiscal, monetaria y cambiaria, algo que hoy está sobre algodones.
La intención del Gobierno es converger hacia una inflación “aceptable” en vísperas de las elecciones de medio término. Uno de los pilares, será el congelamiento por un semestre de 100 productos de alto consumo popular.
Paula Español le pidió a las firmas líderes absoluta celeridad en el armado, ya que la inflación de marzo le provocó a la funcionaria fuertes críticas en el gabinete. Entre otras cuestiones, han llegado las quejas del Instituto Patria, es decir Cristina. Le inquieta que la imagen de Axel Kicillof se deteriora con la escalada de precios en los barrios populares.
En primer lugar, se apunta a una mejora en las cuentas fiscales por la “mayor” recaudación que facilita el precio de la soja que está batiendo récords. Ha superado los 555 dólares la tonelada. De esa manera se asegura la mayor recaudación desde 2014.
De esta manera el kirchnerismo se verá beneficiado una vez más por el sector que más detesta: el campo. Cristina tuvo viento a favor en sus dos mandatos de un ingreso extraordinario calculado en 300 mil millones de dólares.
Por eso, se apunta a la estrategia de retrasar el dólar. El ingreso extra del campo fortalece esa peligrosa decisión. Ya desde enero, el billete oficial tiene un ajuste decreciente. Ahora, la estabilidad se profundizará.
No obstante, la Cámara Industrial Aceitera elaboró un documento que disparó las alarmas de la Casa Rosada. Advierte sobre una cuestión alarmante: podrían faltar dólares entre junio y octubre. Dice que los productores se sentarán arriba de la soja a la espera del resultado electoral. El trabajo que lleva la firma de Gustavo Idígoras es concreto: Argentina facturará un adicional de 9 mil millones de dólares por la soja.
Pero advierte: los productores van a cubrir sus costos y después frenarán las liquidaciones de la cosecha. El informe concluye: la liquidación está garantizada sólo hasta comienzos de junio. Después los productores retacearán los billetes. La advertencia es concreta. En el BCRA la toman en cuenta y el directorio está en deliberación constante: porque en caso de cumplirse esta predicción, el programa para aplacar la fiebre inflacionaria puede explotar por los aires.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.