El texto fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha, y apunta a garantizar el derecho al uso del lenguaje inclusivo en las exposiciones, discursos, alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales y toda otra forma de expresión que se utilice oficialmente en el Estado nacional, según establece en su artículo dos. A continuación, también lo asegura en los establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada.

La iniciativa no implica una obligatoriedad sino que está dirigida a toda persona que desee usar el lenguaje inclusivo. Además, evita cualquier tipo de sanciones o castigos por hablar o redactar de esa forma y tiene alcance nacional al abarcar todos los ámbitos educativos y los tres poderes del Estado. Por ello, invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Universidades nacionales y al Consejo Federal de Educación a adherir.
“Las grandes transformaciones políticas producen nuevos lenguajes, nuevos materiales y elementos con los cuales dar cuenta de las nuevas formas de vida. En este punto el lenguaje inclusivo puso de manifiesto la condición política del lenguaje, muchas veces oculta bajo miradas tecnocráticas. Por eso, por esas nuevas formas de habitar el mundo, vamos en busca de una política transfeminista del lenguaje”, argumentó la diputada y precandidata a renovar su banca en estas elecciones.

Macha explicó que "han preocupado situaciones punitivas que se dieron en torno al uso del inclusivo. Espacios educativos que lo prohíben o lo sancionan o que ponen como requisito no utilizarlo. Eso es una forma de violencia simbólica y son también prácticas normativizantes. No podemos adoptar un punto de vista restrictivo o prohibitivo respecto del lenguaje, sino por el contrario hacerle lugar y garantizar el derecho a hablar y escribir con la variante de género que nos represente”.