La justicia instruyó a la jueza María Eugenia Capuchetti que profundice sobre la responsabilidad de los
funcionarios que habilitaron esa posibilidad pero también a quienes recibieron las vacunas.
La Cámara Federal hizo lugar al planteo que formulara la Procuradoría de Investigación
Administrativas (PIA) para que la pesquisa no quedara archivada, al tiempo que validaron
su legitimidad para actuar en la causa.
La Sala I, compuesta por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, hizo lugar a
lo esgrimido por la PIA y la jueza Capuchetti, que había decidido cerrar la causa por
considerar que no había delito, en consonancia con lo expresado por el presidente Alberto
Fernández, ahora tendrá que reabrir la investigación e incorporar a quienes recibieron la
vacuna, ya que cuando se dieron los casos las vacunas eran "un bien escaso" que el Estado
debía administrar.
El "vacunatorio VIP" de dosis contra el coronavirus funcionó a comienzos de año en el
mnisterio de Salud y el Hospital Posadas y la causa había sido archivada parcialmente por
Capuchetti por considerar la inexistencia de delito, al evaluar que "en el ordenamiento
jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario
público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación".
Para la jueza, en todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por "la Ley de Etica del
Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden
administrativo".
Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas unas 65 sean
considerados no delictuales, fue apelado por el titular de la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.