El programa que desplegó el macrismo, con medidas que llegaron incluso a la Justicia, para captar mayor caudal de votos en las presidenciales de 2019, luego de la derrota en la PASO que preanunciaba el final de la administración Cambiemos demandó unos $85.000 millones, por encima de la ampliación llevada acabo actualmente por el Gobierno. Macri se había enojado con el resultado y en 72 horas liberó el dólar para que saltara 30 por ciento, incrementando la deuda, tanto de las familias como de las provincias; la pobreza; la inflación y el déficit.

Según una investigación periodística del sitio El Destape Web, "acorralado por una economía en default, con todos los desembolsos del Fondo para la campaña malgastados en fuga de capitales, y con la perspectiva de perder las elecciones presidenciales, Macri anunció el 14 de agosto, a tres días de las PASO y de haber apreciado un 30 por ciento el dólar, un paquete de medidas que hoy algunos medios llamarían "plan platita". El programa tuvo un costo fiscal anunciado de 40.000 millones de pesos, que extrapolado por el Producto, los precios y el dólar, equivalen a unos 85.000 pesos actuales, según cálculos en base a datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El gobierno de Alberto Fernández lleva impulsado un programa que se estima tiene un costo directo de 79.789 millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PIB, similar al que desplegó Macri en el mismo en 2019 a precios actualizados a hoy. La diferencia es que actualmente estamos transitando la salida de una pandemia".
El 11 de agosto de 2019 las urnas le dieron un duro revés al macrismo. El lunes siguiente, Macri le dijo al Banco Central que no intervenga y el dólar subió hasta el miércoles a la mañana un 30 por ciento. Ese 14 de agosto, anunciaba un plan de estímulo para tratar de sumar puntos en las generales. "El presidente Mauricio Macri le pidió a su gabinete un paquete de medidas para llevar alivio al bolsillo de los argentinos", señala el documento con el lanzamiento del programa, al que nadie llamó "plan platita".

El programa contemplaba:
Trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias: Aumento de un 20 por ciento el piso y la deducción especial a partir de los cuales pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de dependencia. Eso permitió una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor de 2000 pesos por mes. También hubo una devolución por los impuestos ya pagados en el año, del orden de 12.000 pesos para una familia tipo casado con dos hijos con un salario bruto de 80.000 pesos al mes.

El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el impuesto queda en 55.376 pesos para un trabajador soltero y en 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y dos hijos. Los autónomos, por su parte, recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año. Para trabajadores en relación de dependencia, se implementó no pagar sus impuestos al trabajo (aportes personales, el 11% del sueldo bruto) durante septiembre y octubre, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes. Esto alcanzó a 6,5 millones de trabajadores que en su gran mayoría recibirán 2.000 pesos extra en cada mes .El Estado absorbió el costo de esos aportes.

Los monotributistas no pagaron el componente impositivo de su cuota durante el mes siguiente a las PASO por única vez. Esto equivale en promedio a 1.000 pesos por persona o hasta 4.000 pesos en las categorías más altas. Se entregaron dos pagos extra de la AUH de 1000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida alcanzó a los 2,2 millones de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación universal.

Los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales recibieron a fin de ese mes un bono de 5.000 pesos. Esta medida benefició a alrededor de 400.000 personas. Se dispuso un aumento del salario mínimo, por segunda vez en ese año, con alcance a 2 millones trabajadores.

Para las pymes la AFIP lanzó un plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día a las pequeñas y medianas empresas (y también a los autónomos y monotributistas). En este plan se podrán incluir deudas vencidas hasta el 15 de agosto con tiempo para inscribirse hasta fin de octubre. Además, se amplió de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes.

También se fortalecieron las Becas Progresar. Los estudiantes que reciben las Becas Progresar tendrán un 40% de aumento desde septiembre después de las PASO. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario de una carrera estratégica será ahora de 2.520 pesos. Para un estudiante de último año de una carrera estratégica, la beca sube a 6.440 pesos por mes. Por último, el Gobierno congeló el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días.

Todo este paquete implicó un esfuerzo fiscal de 40.000 millones de pesos, un 0,15 por ciento del PIB en dólares de ese año, mientras que alcanzó al 2 por ciento del Producto en septiembre post PASO. El plan platita de Alberto se ubica en torno al 0,2 por ciento, tomando en cuenta las medidas anunciadas después de las PASO de este año (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal).

El gasto en pandemia
Los desembolso actuales fueron Extensión REPRO II (septiembre), 10.500 pesos; Obras Públicas, 3114 millones; aumento del Salarío Mínimo Vital y Móvil, 6000 millones; jubilación anticipada por 3 meses, 4500 millones; Programa registradas, 4050 millones; Programa Mi Pieza, 2125 millones; extensión ayuda social a municipios, 6500 millones; suba del mínimo Ganancias, 15.000 millones y amnistía fiscal, 28.000 millones. En total, son 79.789 millones de pesos, un 0,19 por ciento del PIB anual, según la Fundación de Investigación para el Desarrollo Económico (FIDE).

Según las planillas del Ministerio de Economía, los gastos primarios se contrajeron 3,2 por ciento en setiembre en términos interanuales, debido mayormente a las variaciones interanuales negativas registradas en los programas sociales (-45 por ciento) y en las jubilaciones y pensiones (-7,4 por ciento), compensadas parcialmente por incrementos en los subsidios energéticos (56,9 por ciento) y en los gastos de capital (71,9 por ciento)".

"En septiembre del 2020 hubo un aumento sustancial del gasto en concepto de políticas para mitigar los efectos de la pandemia y acompañar a los sectores más afectados, que fue de 105.000 millones de pesos. Cerca de 70.000 millones se destinaron al pago del IFE y ATP. En tanto, en septiembre del 2021, con el relajamiento de las restricciones sanitarias en simultáneo con el avance de la campaña de vacunación, dicha cifra totalizó 30.000 millones para continuar acompañando a los sectores aún críticos como es el caso de Salud y Turismo", reconoce la cartera que conduce Martín Guzmán.