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Flojita de facturas: la Justicia Electoral rechazó la rendición de cuentas de Píparo y Espert
Multó a la fuerza Avanza Libertad por más de 18 millones de pesos por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los aportes estatales en la presentación del informe final de campaña de la elección primaria.
La Justicia electoral platense rechazó la rendición de gastos presentada por la fuerza Avanza Libertad sobre la campaña 2021. y multó a esa fuerza por más de 18 millones de pesos por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los aportes estatales en la presentación del informe final de campaña de la elección primaria.
El fallo corresponde al juez federal con competencia electoral platense, Alejo Ramos Padilla, quien rechazó la rendición de gastos de campaña que hizo la fuerza que comanda José Luis Espert.
Ramos Padilla dispuso desaprobar la rendición de gastos que hicieron el Partido Demócrata, Unión del Centro Democrático y Dignidad Popular por la adquisición de boletas y demás gastos de campaña para los últimos comicios legislativos.
De acuerdo a los voceros judiciales, el Estado le otorgó a los libertarios unos 18 millones de pesos para las boletas electorales, pero sus propios responsables económicos y apoderados denunciaron irregularidades en torno a la impresión.
Es que durante una audiencia llevada a cabo el 20 de octubre del año pasado en los tribunales platenses ante ese magistrado, los apoderados de Unión del Centro Democrático y del Partido Demócrata denunciaron a su par de Dignidad Popular dado que las facturas para la impresión de las boletas estaban firmadas por un remisero que nada tenía que ver con el negocio de la imprenta.
Así, se sancionó a la alianza Avanza Libertad por un total de 18.197.516 pesos por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los aportes estatales en la presentación del informe final de campaña de la elección primaria.
Ahora, la justicia penal podría investigar la posible delitos de acción pública, como malversación de fondos públicos si se comprueba que se emitieron facturas apócrifas.
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