lunes 06 de febrero de 2023 - Edición Nº3421
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De los fusilamientos de Aramburu al Partido Judicial de Macri: la historia se repite y el peronismo vuelve a ser proscripto en la Argentina


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La vicepresidenta Cristina Kirchner terminó su encendida respuesta a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad con un cimbronazo en el escenario político: avisó que no se postulará a nada en 2023 para evitar que maltraten al peronismo por tener una candidata condenada y que se volverá a su casa. Advirtió que entonces podrían meterla presa pero "mascota de usted nunca, jamás", le lanzó al CEO de Clarín, Héctor Magnetto. Todo el oficialismo se encolumnó contra la proscripción de Cristina. Desde el presidente Alberto Fernández hasta el ministro de Economía, Sergio Massa, desde el poderoso PJ Bonaerense hasta cada peronismo provincial, desde organizaciones como el Movimiento Evita a la CGT y la CTA, el respaldo fue unánime. En chats y encuentros de dirigentes de diferentes sectores se discutía cómo y cuándo dar una respuesta con volumen político y movilización en las calles. Aramburu incrementó la represión contra el peronismo y, el 5 de marzo de 1956, sancionó el Decreto 4161/56, proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido, como la prohibición de sus ideas y símbolos, e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita.

Desperonizar significaba derogar la Constitución Nacional de 1949, intervenir la Confederación General del Trabajo, echar por tierra las conquistas sociales, económicas y políticas obtenidas por los sectores trabajadores durante el período peronista.

La proscripción implica la reclusión o la eliminación en masa de rivales políticos, entidades religiosas o enemigos personales, y se suele emplear en el contexto de revoluciones violentas. Esta condena fue muy frecuente en Grecia y Roma.

Las elecciones presidenciales de Argentina de 1963 tuvieron como resultado la elección de Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien venció al también radical, Oscar Alende, de la Unión Cívica Radical Intransigente. Fueron organizadas por el gobierno encabezado por José María Guido que había sustituido al presidente Arturo Frondizi derrocado por un golpe de Estado y asumido ilegalmente el poder legislativo y los poderes provinciales, siendo discutible si se trató de un presidente de facto, o simplemente un presidente no constitucional que, impulsado por el propio Frondizi, buscó evitar que tomara el poder una dictadura militar.1 Las elecciones se realizaron con el expresidente Frondizi detenido e impedido de participar en las mismas y todos los ciudadanos peronistas proscriptos para presentar sus candidaturas, incluyendo también al expresidente Juan Domingo Perón que había tenido que exiliarse.2 Dos días antes de las elecciones el gobierno prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano, debido a que estaba encabezada por el neurocirujano Raúl Matera que militaba en el peronismo.3 Fue una de las cuatro elecciones presidenciales en la que los dos principales candidatos fueron radicales.4

Debido a las severas restricciones que pesaban sobre el derecho a elegir y ser elegido, los simpatizantes de los candidatos proscriptos, como Perón o Frondizi, se expresaron mayoritariamente mediante el voto en blanco, que alcanzó el 19,41% de las preferencias, que no fueron contabilizados como votos «válidos». Illia obtuvo solo el 25,14% del total de votos emitidos, lo que condicionaría severamente su presidencia. Efectivamente, Illia no pudo finalizar el mandato debido a que fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 1966.

Debido a que la dictadura autodenominada Revolución Libertadora había restablecido el texto de la Constitución de 1853, las elecciones utilizaron el sistema de elección indirecta del presidente y su vice, mediante la delegación de la elección en un Colegio Electoral integrado por representantes elegidos en los 24 distritos entonces existentes (23 provincias y la Capital Federal), debido al proceso de provincialización de los territorios nacionales iniciado en 1951. Los habitantes del único territorio nacional restante, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y la Antártida, fueron incorporados al padrón de la Capital Federal. Los electores fueron elegidos por el sistema de lista incompleta (dos tercios para el ganador y un tercio para el segundo).

Las elecciones de 1963 formaron parte de un período de gobiernos de legitimidad cuestionada, que Cavarozzi llamó "semi-democracia", en la que se avaló la abolición de la Constitución por parte una dictadura, seguida de la imposición de un nuevo texto constitucional sin cumplir con el procedimiento legal, a la vez que fueron proscriptos el peronismo y luego el frondizismo y perseguidos miles de dirigentes políticos.5

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