En una nueva jornada del juicio que le sigue a Mariano Bruera, al ex Secretario de Gestión Pública (SGP) , Enrique Sette, al arquitecto Gustavo Petró y al empresario Gustavo Orlandi por supuestos pedidos de coimas para rezonificar un terreno destinado al plan Procrear, los abogados de defensores pusieron en apuros a una testigo clave presentada por la fiscalía. "Floja de papeles, como toda la causa", deslizó un allegado al caso tras la presentación de la doctora Julia Martinez, instructora de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la Fiscalía de Investigaciones complejas cuando estaba a cargo del Fiscal Paolini.

Martínez dio una larga, detallada y muy extensa declaración que duró cuatro horas sin interrupciones.
La Dra. Julia Martinez fue detallista al declarar, demostró que conoce la causa y tiene una “interpretación” o “relato” global de la misma.
Se extiendió en repetidas oportunidades sobre las dificultades que debió enfrentar en el curso de su labor en la investigación penal preparatoria por falta de recursos, el poco tiempo de que se dispuso de la intervención de teléfonos, y la carencia de medios. Expresando opinión de carácter político, todo eso se lo achacó a la falta de colaboración con la Fiscalía de Investigaciones Complejas a la titular de la Procuración de aquel momento, la Doctora María del Carmen Falbo.
Al declarar se extendió en opiniones personales, en sus convicciones, en sus pareceres y presunciones. Y justificó sus creencias no en hechos precisos sino en lo que fue encontrando en el avance de la investigación que le permite construir un relato. Repitió varias veces “por lo menos es lo que yo creo” en relación a los imputados "sin poder acreditar pruebas concretas", dijo una fuente de la defensa que consideró además que "se extralimitó en las conjeturas y magistrados del Tribunal se lo hicieron notar".

"Manifiestó que en alguna indagación ha estado en desacuerdo con Paolini sobre cuestiones procedimentales de dudosa legalidad y que a pesar de ello recibió la orden de Paolini de continuar. Nuevamente se ratifica que Paolini promovió una investigación penal preparatoria de una manera que al menos debería definirse como selectiva”.

"Al hablar utiliza giros expresivos como interrogarse y afirmar, gesticulando con el rostro y con movimientos corporales, buscando con la mirada y sonrisas empatizar y lograr complicidad con el Tribunal. Recibió una observación del Juez Bernard al respecto: “…eso se lo está preguntando a sí misma?”. Respondió “si” y, el Juez Bernard muy explícitamente exclamo en tono medido “ahhh”", objetó una fuente de la defensa que habló con este medio.

Los abogados defensores en su totalidad reclamaron sobre lo abusivo e impropio de la situación. Y la Fiscal debió ser reconvenida por la presidenta del Tribunal que le requirió preguntas puntuales. A pesar de ello continuó excediéndose y demostrando un conocimiento superficial de la causa.

Entre abusos de la Fiscal al pretender que la Dra. Martinez relate de continuo toda la IPP, y el reclamo de los abogados defensores, finalmente el Tribunal dispuso que la Fiscal interrogara cuestiones puntuales y, recién al final pudieran interrogarla los abogados de los imputados.

En toda la evolución de ese desenvolvimiento tuvo mucha intervención preguntando el Juez Bernard.

Bernard le preguntó a Martinez “… qué cuestiones habían cambiado entre el primer pedido de detención de algunos imputados en 2014, que había sido denegado, qué nuevas pruebas se habían agregado en el curso de la IPP que justificaran una nueva solicitud”. Martinez respondió vagamente refiriéndose a todo lo hallado en la computadora de Moratti. Fue imprecisa y sobreabundó en lo que a ella le parecía, creía o podía conjeturar. Da la impresión de ser muy insuficiente lo que pretende acreditar como nuevas pruebas. Si existen “nuevas pruebas”, serían planillas de excel halladas en la computadora secuestrada a Moratti y mensajes de correo electrónico entre Moratti, Ybarra, y Moreno.

El abogado de Mariano Bruera, el Dr. Alejandro Montone le formuló alrededor de treinta preguntas a Julia Martinez. Entre ellas, si durante la investigación en algún momento fue imputado Mariano Bruera sobre los hechos relacionados con Andreau y Orlandi. A lo cual, respondió que “no”. Siguiendo, le preguntó puntualmente si existe algún elemento de prueba de que Mariano Bruera estaba al tanto siquiera de las conversaciones y mnsjs entre Moreno, Moratti e Ybarra. Martinez respondió, “ninguna”. Puntualmente la interrogó si al realizarse la pericia informática sobre la computadora secuestrada a Moratti fue utilizado como patrón de búsqueda el nombre de Mariano Bruera. Caso afirmativo que resultado dio. Martinez respondió que si se utilizó ese patrón de búsqueda pero que el resultado fue negativo. Además, interrogada acerca de la existencia de alguna prueba que pemitiera acreditar que el nombrado Bruera haya estado al tanto de alguno de los casos incluidos en las planillas de Moratti, respondió que no. También fue preguntada sobre si podía computarse en contra de Mariano Bruera algún aporte concreto destinado a colaborar o fomentar los fines de la asociación ilícita. La respuesta también fue negativa por parte de Martinez.

El Dr. Juan Di Nardo, abogado de Sette, le preguntó a Martinez cuántas conversaciones tuvo el Secretario de Gestión Pública (SGP) durante la intervención al teléfono de Moreno y respondió “… no sé algunas, …cuatro (4) o cinco (5)”. En voz baja Di Nardo afirmó “… tres (3)”. También le preguntó sobre qué hablaba Sette con Moreno, a lo cual respondió “… de trabajo, temas específicos de trabajo, sólo trabajo”. Continuó preguntándole sobre el “tono” de las conversaciones y respondió: “estrictamente formal”.
También la interrogó acerca de si entre Moratti y Sette, “…había alguna comunicación telefónica, mnsj de texto, vía whatsapp, email o una postal desde la costa”, a lo cual lacónica, respondió “no”. Di Nardo cerró su interrogatorio a Martinez preguntándole si ella pensaba que el dinero que solicitaba Moratti estaba destinado a hacer algún tipo de mantenimiento u obra en el Palacio Municipal. Martinez dijo que “…no, pienso que estaba destinado para beneficio propio y de terceros”.
De las declaraciones de la Dra. Martinez quedó absolutamente claro que Sette tuvo tres (3) comunicaciones de trabajo muy formales y sólo con Moreno. No se comunicó con el resto de los imputados ni telefónicamente, ni por whatsapp, ni por correo electrónico o email. Quedó claro que el resto de los imputados a los que se les secuestraron computadoras o se les intervinieron celulares no tenían siquiera agendado el celular personal de Sette.

Quedo totalmente confirmado por parte de la Dra. Martinez a través del secuestro de expedientes realizado en la Dirección de Planeamiento y en la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y las demás diligencias indagatorias, que no se rezonificó ningún expediente de los que son objeto de investigación en la causa.

Tanto el Dr. Marcelo Peña, abogado de Orlandi, como el Dr. Améndola, abogado de Gustavo Petró, formularon varias preguntas a la Dra. Martinez, en relación a si tenía pruebas concretas asociadas al conocimiento por parte de sus defendidos de los hechos imputados. Respondió negativamente o no pudo afirmar la existencia de alguna o, realizó vagas conjeturas.

"En la sala, según observadores judiciales avezados, quedó la sensación de que en concreto la Dra. Martinez tenía poco para acreditar, para probar en concreto, soló muchas presunciones. Como se había comentado en alguna oportunidad en el 2014 al momento de los allanamientos en la Municipalidad, una causa “floja de papeles”.

La audiencia del juicio se retomará en la jornada del próximo jueves 23 de febrero. Se espera la declaración como testigo del perito informático de la causa.