miércoles 24 de abril de 2024 - Edición Nº3864
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Hacete amigo del juez, dijo Martín Fierro: revelador informe periodístico sobre uno de los amigos de Lewis

Un artículo del periodista Alejandro Olmos Gaona para la agencia de noticias Paco Urondo revela que uno de los jueces que viajó a su mansión lo sobreseyó en una causa.


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Después de conocer los chats intercambiados entre jueces, fiscales, el ministro de seguridad y funcionarios del grupo “Clarin”, me vino a la mente ese excelente libro de Carlos Nino, cuyo título lleva esta nota, donde hace una acertada radiografía de la ilegalidad argentina. No solo de los que tienen el poder, sino de todos los mecanismos que utilizamos los argentinos para zafar de cualquier problema, que nosotros mismos hemos generado, llegando al extremo de violar la ley, para evitar cualquier reproche penal.

Si bien hace décadas se ha instalado una estructura donde la ilegalidad ejerce su magisterio, y el endeudamiento externo, es un claro ejemplo de ello, lo ocurrido en los últimos años pone en evidencia que a través de acciones conocidas desde los tres poderes del Estado el respeto al Estado de derecho ha dejado de ser la norma, para convertirse en una de las tantas ficciones que todavía se sostienen, considerando que existen honrosas excepciones de aquellos que cumplen con el ordenamiento legal y no se ven arrastrados a ese tembladeral de ilicitudes que cultivan unos y otros entre los grupos políticos mayoritarios, y los que forman parte de la estructura del Estado.

Resulta conocido lo ocurrido en el último tiempo con las incursiones que hicieran a “Lago Escondido” en la Pcia. De Río Negro, algunos militantes, para protestar por la ocupación de esa propiedad pública, y todas las alternativas que se vivieron, cómo los enfrentamientos con los custodios de la estancia.

Lamentablemente las protestas se ciñeron a la imposibilidad de acceder normalmente al Lago, e inclusive se interpuso un amparo al respecto, pero a nadie se le ocurrió cuestionar a través de alguna acción legal, la violación de la ley por parte de los actuales poseedores de la estancia, que reprimieron con dureza a los manifestantes.

También se difundió que un conjunto de jueces y fiscales amigos fueron a la estancia del magnate británico Joe Lewis, invitados por el multimedios “Clarin”, habiéndolos acompañado el Ministro de Seguridad Porteño Marcelo D´Alessandro, en una visita para ejercer una especie de turismo de fin de semana.

Después de ser conocido el viaje, se filtraron algunos chats, en los que se pudo observar las bochornosas expresiones vertidas por algunos magistrados, los que fueron divulgados mediante el hackeo que ya forma parte de una costumbre que se tolera, se difunde, se amplía y se magnifica, y al que el presidente Fernández le dio estado público de manera improcedente. Pero no me voy a referir a conversaciones obtenidas de manera ilegal sino que me interesa poner en evidencia un hecho que ningún funcionario menciona, ningún periodista ha comentado, y que el gobierno observa sin haber tomado ninguna medida al respecto, y tiene que ver con la posesión de la estancia en la provincia de Río Negro por parte de Lewis y la relación de uno de los viajeros, con el proceso judicial que se hiciera por la compra de ese inmueble.

Después de un largo proceso que comenzó en el año 2012, por denuncia que hiciera el Procurador de Investigaciones Administrativas, se pudo determinar sin lugar a dudas, que la compra de las dos estancias que hiciera una sociedad controlada en su totalidad por el magnate británico Joe Lewis, había sido efectuada en violación a la ley argentina, que no permite que un extranjero tenga propiedades en lo que se llama “zonas de seguridad de fronteras”. A través de la infatigable labor de la Procuración, no solo se pudo demostrar el fraude, sino que se imputó a Lewis y a su grupo de defraudadores por la comisión de un delito de acción pública.

Después de numerosas alternativas judiciales, La Cámara Nacional de Casación Penal en el año 2020 decretó el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, y no por la inexistencia del delito, y una de las circunstancias extrañas del proceso, es que Carlos Mahiques uno de los jueces de la Cámara de Casación que viajara a la estancia de Lewis en octubre como es de público conocimiento, dictaminó en el año 2017 que no correspondía el sobreseimiento, dando los respectivos fundamentos. Después del dictado de una nueva sentencia y vuelta la causa a Casación, el mismo Mahiques, esta vez cambió su criterio y votó en el año 2020 por hacer lugar al sobreseimiento solicitado por los imputados.

Pero más allá de lo ocurrido con el sobreseimiento por la compra hecha en su momento, Lewis sigue actualmente ocupando la estancia en violación al Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, y al Decreto Ley 32.530/48, habiéndose apoderado además de una propiedad pública que es “Lago Escondido” donde sus vigiladores con armas de fuego impiden todo acceso al Lago, situación ilegal que pareciera que no le importa a nadie y mucho menos a los jueces que a sabiendas de esto viajaron al lugar, especialmente Mahiques que tuvo en sus manos la causa y sabe que la ocupación de la estancia contraviene el estado de derecho. Cabe aclarar al respecto, que para que un extranjero puede poseer tierras en esas zonas de seguridad, debe residir en el país, tener hijos argentinos, y desarrollar su actividad aquí, lo que no ocurre con Lewis, que solo viaja ocasionalmente a su estancia y reside en Europa junto a su familia.

Oportunamente el Dr. Carlos Balbín, en el año 2017 siendo Procurador del Tesoro, puso esto en conocimiento del Ministro de Interior Rogelio Frigerio para que se iniciaran las correspondientes acciones de lesividad. Le contestaron cinco meses después que, si bien el acto era ilegal, había una causa en la justicia, desconociendo que la causa era por la compra original y lo que correspondía hacer era una acción para obtener la nulidad de la compra. Macri amigo confeso de Lewis, que además de defenderlo públicamente se hospedó en su estancia, le pidió la renuncia a Balbín, y quien lo sustituyó nada hizo.

En el 2020, con motivo de que se continuaba con la ocupación ilegal hice una extensa presentación al Procurador del Tesoro Carlos Zannini, habiéndoseme contestado que no teniendo órdenes del Poder Ejecutivo nada podían hacer. En virtud de ello, con unos amigos me dirigí en el mes de marzo del 2022, al Presidente de la Nación Alberto Fernández, haciéndole conocer con minuciosidad los hechos, sin que tuviera respuesta alguna y se decidiera adoptar alguna decisión al respecto.

En resumen, que Lewis sigue ocupando la estancia violando la ley, y uno de los jueces que intervino en la causa penal, que lo sobreseyó en el 2020 viaja a alojarse en ella, junto con otros magistrados sin importarles en lo más mínimo la situación ilegal de la posesión. Pero además de ello, y de conocer todos los detalles de la compra, saben que los poseedores de la estancia se han apropiado de una propiedad pública como es “Lago Escondido”, sin que tal acción les merezca consideración alguna, y visiten el lugar, violando los deberes de funcionario público que deberían observar en su carácter de magistrados. A su vez el Presidente Fernández usó la cadena nacional para referirse a los conocidos “chats”, obtenidos ilegalmente, pero no ha tomado decisión alguna para que el Procurador del Tesoro, terminara con un estado de cosas, violatorio de la normativa sobre zonas de seguridad.

En razón de tal circunstancia y ante la inacción del Poder Ejecutivo, el 23 del corriente mes de febrero, junto con Gabriel Mariotto, presentamos una denuncia penal contra Lewis ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, actuando la Fiscalía Federal N° 10 a cargo de la Dra. Paloma Ochoa, y también presentamos una denuncia penal en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 contra los jueces JULIAN ERCOLINI, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10; CARLOS MAHIQUES, Juez de la Cámara de Casación Penal, PABLO YADAROLA, a cargo del Juzgado nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N°2; PABLO CASYSSIALS, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9; y contra JUAN BAUTISTA MAHIQUES, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y MARCELO D’ALESSANDRO, Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la posible comisión de los delitos previstos y penados por los artículos 248, 249 y 256 del Código Penal, la subsecuente violación de lo establecido en los artículos 237 inciso 1° del Código Procesal Penal y 2° de la ley 25.188 quienes visitaran la propiedad de Lewis, hace unos meses. En esta última denuncia actúa la Fiscalía a cargo del Dr. Guillermo Marijuan.

A través de la infatigable labor de la Procuración, no solo se pudo demostrar el fraude, sino que se imputó a Lewis y a su grupo de defraudadores por la comisión de un delito de acción pública.

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