domingo 03 de marzo de 2024 - Edición Nº3812
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Netflix se haría un pic nic: lo que nunca se dijo sobre la causa de la que habla toda la política de La Plata

A poco más de un mes -el 31 e mayo- de conocerse las sentencias por el juicio contra Mariano Bruera y ex funcionarios de la administración municipal de su hermano Pablo, numerosos interrogantes flotan sin resolución. ¿Un escándalo de corrupción política o un entramado de acusaciones flojas de papeles para un pase de facturas entre los pliegues de la interna peronista? ¿Hay un Comodoro Py en La Plata?.


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 A poco más de un mes -el 31 e mayo- de conocerse las sentencias por el juicio del que habla toda la política de La Plata, numerosos interrogantes flotan sin resolución. ¿Un escándalo de corrupción política o un entramado de acusaciones flojas de papeles para un pase de facturas entre los pliegues del poder? ¿Hay un Comodoro Py en La Plata?.

"¿Quién puede creer que la causa del juicio que se le sigue a Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y Gustavo Orlandi por supuestos pedidos de coimas para rezonificar terrenos destinados al plan Procrear no es de neto corte político?", se preguntaba esta semana un filoso observador del tema.

"¿Cuántos desprevenidos creen que sólo se trata de una causa de corrupción? ¿Cuántos?, cuando hasta el mismo Guillermo Andreau dijo que, antes de estallar la causa, no conocía a Bruera, ni a Sette, ni a Petró, que nadie le pidió nada en nombre de ellos y que, al único que conocía era a Orlandi porque habían jugado juntos al rugby. ¿Cuántos platenses siguen el juicio y no pertenecen sólo al mundillo político?", insistía.

"Vea, la racionalidad política está basada en el cálculo de adhesiones a un proyecto de poder. Con crudo maquiavelismo, se evalúa quién se beneficia y quién se perjudica. Cosa distinta es cómo se presenta o representa. ¿Todo vale? Y sí, o casi todo, puesto que el éxito político es resultado de quién gana y quién pierde", apuntaba el analista con muchas horas de vuelo sobre los cielos del poder y la política de la ciudad.

EL COMODORO PY PLATENSE

En ese contexto, la figura de un "Comodoro Py" en la capital bonaerense.
"Esta forma de entender la política, que no toma en cuenta otros valores, que sólo se rige por el exitismo, tiene consecuencias éticas y morales exacerbadas en las democracias contemporáneas por la “grieta”, la judicialización de la política, la intervención del “partido judicial”, el “lawfare”, los medios de comunicación concentrados, las tensiones de los populismos por derecha y por izquierda, y los sistemas comunicacionales de la “post verdad”, agregaba.

Repasemos datos que connotan a la causa de carácter eminentemente político.
Primero cuando estalló la causa, en la Nación gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia Daniel Scioli, y en el Municipio Pablo Bruera. Los tres, gobiernos peronistas. El ministro de justicia nacional era el Dr. Julio Alak y el de la provincia el Dr. Ricardo Casal, dos peronistas platenses. Tamaña coincidencia, sólo puede levantar sospechas vinculadas a la interna local.
Ahora, en el juicio la historia parece repetirse con pequeños matices. Alak es el actual Mtro. de Justicia provincial y Casal es el Secretario Legal y Técnico de Sergio Massa. Otra vez, ¿coincidencias? Entre los conocedores de la interna peronista sólo se habla de “pases de facturas” y “devolución de favores”.
Segundo. La causa explotó con el allanamiento al edificio municipal de calle 12 el 7 de julio de 2014.
Y en este punto la fuente se arriesga con dato espinoso: "la jueza Martinez llegó “acompañada” por un periodista cercano al intendente Garro y se dice que desde la misma fiscalía de Delitos Complejos, con Paolini, se dió amplia información sobre el caso que supuestamente debía desarrollarse en la mayor de las reservas".

NUMEROS DEL PROCREAR

Tercero. Todo ocurrió durante la implementación del Plan Procrear en la ciudad. A fin de generar tierras accesibles al monto límite que financiaba el Procrear para comprar terrenos, el municipio propuso un programa, votado por unanimidad en el Concejo Deliberante, la Ordenanza 11094 reglamentada por el Decreto 76/14. Proponía rezonificar tierras en Sicardi, Altos de San Lorenzo, Olmos, Romero, Villa Elvira, Arana, Abasto, Seguí y Los Hornos. Los propietarios antes de subdividir la tierra tenían que correr con los gastos de apertura de calles, nivelación, cordón cuneta, desagües pluviales, tendido eléctrico, en algún caso proveer el “trafo” para repotenciar el servicio. Los lotes se declararon de “interés social” estableciéndose una “interdicción de venta” impidiendo que se intentara venderlos a más de $ 150.000. La restricción se hizo anotar en Catastro y en el Registro de la Propiedad. La Ordenanza estableció la designación de un veedor por cada loteo para controlar la transparencia de los procedimientos. Se rezonificaron 14 propiedades, que dieron lugar a casi 1500 lotes. Los más baratos se vendieron a $ 95.000 y los más caros a $ 140.000. El plan fue único en el país. La cotización del dólar oficial, Bco. Nación el 30/6/2014, era de entre $ 8,06 y $ 8,16, y la del blue entre $ 12,05 y $12,15. Todas las rezonificaciones fueron reenviadas al Concejo Deliberante para que las convalidara y cuando volvieron, se las envió a Tierras de Provincia como indica la Ordenanza 10703.
En su momento desde Diario Full seguimos el proceso. El programa, más allá de las críticas que puedan hacerse, fue una buena experiencia de regulación del mercado por parte del estado para generar tierras, imponiendo la provisión de servicios básicos a los particulares, evitando la especulación, y posibilitando el acceso a la compra de la clase media. Tuvo críticas coaligadas de martilleros oportunistas, de una camarilla del colegio de arquitectos, y de urbanistas especializados en vender a municipios del interior “planes estratégicos que duermen en estantes de bibliotecas de los despachos”.
G. Andreau el 25/3/2014 inició el expte. 4061-917006, Nº 16 del “registro de oferentes” con sus tierras en Los Hornos (52 y 159). No pudo acreditar títulos dominiales perfectos, no impulsó el expediente y desistió de rezonificar por Procrear.

LA FEROZ INTERNA PERONISTA

Y aqui otra vez la fuente insiste con la interna peronista de La Plata: "una vez conocido el escándalo, el “alakismo” acompañado por otros sectores, hizo un acto con Diego Bossio, responsable del Procrear, para “agitar el parche de la corrupción” en la implementación del plan. En la oportunidad Bonicatto, el mismo que Andreau dice que le pidió 3000 dólares de coima para no clausurarle “Los Naranjos”, declaró que “en el gobierno de Alak no hubo un sólo denunciado por corrupción”.
Todos los propietarios de las tierras y muchos beneficiarios Procrear, fueron indagados por Paolini en la investigación penal. Todos contestaron que no se les pidió ninguna coima. En su momento el Juez de Garantías Raele descartó cualquier hecho de corrupción por el Procrear. La Dra. Julia Martinez, al inicio del juicio actual también aclaró que el proceso no es por el Procrear. La fiscal Huergo dijo lo mismo en el cierre de los alegatos el pasado viernes 21 de abril. Sin embargo, desde el primer día, desde el 7/7/2014 los medios titulan el proceso como “la causa del Procrear”.
Se asegura que las rezonificaciones por el Procrear impidieron que, aprovechando la oportunidad, las inmobiliarias expertas en especulación de tierras marginales encarecieran sin medida el valor de los terrenos, permitiendo así que 1500 familias de sectores medios pudieran acceder a la compra de lotes en los acotados valores del exitosísimo plan de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy viven allí casi 6000 habitanes.
"Este brulote no sólo calumnia en este aspecto a los procesados, sino que también levanta suspicacias y salpica a los vendedores y compradores de esos lotes", apuntó el confidente.
Cuarto. "Parece ser que, en 2017, cuando algunos de los imputados fueron detenidos, Paolini le habría dicho a uno de ellos: “vio, cuando yo pedí su detención el Juez de Garantías Raele en el 2014, no la concedió. Ahora sí, ¿sabe qué cambió? Cambió el gobierno”".

EL ROL DEL FISCAL PAOLINI

Las fuentes relatan que tanto los abogados defensores como los colaboradores de Paolini que estaban presentes quedaron azorados por la agresividad persecutoria del controvertido fiscal.
Quinto. Fuentes vinculadas a las defensas se extrañan porque la Secretaría de la Corte que sortea las fechas en que se hacen los juicios, en esta causa siempre elije años electorales. “No sortea nada”, el procedimiento “es arbitrario y alguien lo establece”. Así pasó en el 2019 y en este año igual. La disposición que fijó el juicio para el 16 de febrero pasado, se firmó el 29 de diciembre de 2022. Ese viernes fue feriado nacional y víspera de fin de año. Las defensas y los acusados fueron notificados durante el fin de año o se enteraron el 2 de enero de 2023, o sea, durante la feria judicial. Los abogados tenían agendas judiciales ya establecidas, alertaron que la inminencia del juicio podía poner en riesgo de indefensión a los defendidos y, por eso, pidieron suspender el juicio. No hubo caso, el juicio tenía que hacerse sí o sí este año. ¿Casualidad?
Sexto. Andreau, frente a la cantidad de nombres que se ventiló en el juicio como posibles implicados, aseguró que el fiscal Paolini habría frenado la investigación de algunos concejales y que le dijo que no era prudentes “investigar para arriba”. El denunciante también dijo en el juicio que, en parte, el triunfo de Cambiemos en el 2015 se debe a la denuncia realizada por él. Sigue insistiendo públicamente en que, actualmente, se están juzgando “perejiles” que no tienen nada que ver con su denuncia y que, todo se trata de una trama de corrupción que existe en la ciudad y hay que seguir denunciando, trama que alcanzaría a Campanaro, a otros políticos locales. Insiste el denunciante en involucrar a un tradicional medio de comunicación local, desde donde, trascendió, accionarían judicialmente contra él por sus afirmaciones.
Séptimo. La Dra. Julia Martinez, tal como señaló el defensor. Fabian Améndola en su alegato, "pareció venir a ventilar la “interna” por diferencias políticas que mantenía con Paolini por sobre el rumbo de que la causa".
Martinez señaló que trabajaban en condiciones muy adversas y sin ninguna colaboración de la Procuración, en tácita referencia a que la Dra. Maria del Carmen Falbo, vinculada al peronismo, les retaceaba recursos para la investigación penal de la causa. Martinez claramente dijo que se oponía a lo que le indicaba Paolini criticando también a Raele porque no les permitió continuar con las intervenciones telefónicas.

GRITOS Y APRIETES

Octavo. Los observadores judiciales mencionan que después del escándalo que protagonizo a los gritos la fiscal Huergo con el denunciante Andreau,habría sobrevenido un "acoso" al testigo Julio Oña. Este se desempeñaba como “asesor político” de Sette en el Municipio. Oña era un militante de base conocedor experto de los distintos sectores de la interna política territorial, y de la relación de estos con los concejales peronistas y de las distintas fuerzas de la oposición. Según se afirma, "la tarea del asesor político es reconocida por distintos partidos por igual por su carácter de componedor, por acercar posiciones y contribuir a un mejor desempeño de los funcionarios públicos. Sólo se han desvalorizado estos roles en las dictaduras militares o en las concepciones elitista o tecnocráticas de la democracia. Huergo buscó vapulear a Oña desacreditándolo como “ñoqui” y poniendo su contratación como ejemplo de despilfarro de fondos públicos. Según los presentes, el conservadurismo reaccionario contenido en la opinión fue correctamente cuestionado en el alegato del Dr. Améndola. Tampoco extrañó el perfil de pareceres sobre lo público que tiene la Fiscal. Ya en una de las jornadas anteriores del juicio y ante otra opinión por el estilo, el Dr. Claudio Bernard la cuestionó: “¿Ud. quiere juzgar a la política?”.

Noveno. En los círculos políticos locales, desde febrero de este año corren rumores que parecen muy exagerados pero que, a pesar de ello, no han sido desmentidos. Desde distintas fuentes se comenta que existiría en la ciudad una “mesa judicial” de Cambiemos, integrada por funcionarios del gobierno municipal, abogados “amarillos”, y legisladores provinciales de esa coalición que habría prefigurado un fallo condenatorio para todos los acusados. Los más arriesgados en estas fantasías y elucubraciones dicen que no sería extraño algún vínculo con la Procuración.

MINISTERIO DE LA VENGANZA

Décimo. La causa se concentra especialmente (exacciones ilegales) en la coima pedida por el fallecido Moratti a Andreau por la rezonificación de sus propiedades en 52 y 159 en Los Hornos y en 148 y 468. Por esa causa ya fueron juzgados y condenados en un abreviados Roberto Moreno y Christian Ybarra. El otro foco esta en la acusación a Gustavo Orlandi (cohecho activo) por el dinero que habría puesto para “una rezonificación imposible de 1/2 hectárea” (el art. 267 de la Ordenanza 10703 establecía que tenía que tener por lo menos de 1 hectárea). Más allá de la componenda entre Moratti y Moreno y la relación entre Moratti y su socio en estos menesteres Ybarra (sociedad que Moreno no conocía y quedó probado poniendo en serias dudas la acusación por asociación ilícita), todo lo demás que imputó Huergo, son conjeturas. Entonces, después de finalizados los alegatos, en todos los abogados de las defensas, pero también en observadores avezados de la justicia, crece cada más la generalizada convicción de una causa que sólo trata de exprimir una apariencia de corrupción política.
"Concluyendo, esto tiene todos los ingredientes de una causa armada, floja de papeles, con manipulación de pruebas, llena de conjeturas, con acusaciones vagas y sin materialidad, con saña y persecución de algún nombre propio, nombre que tiene por estilo político y personalidad, alguna imagen non sancta que lo precede donde va y, por ello, resulta fácil apuntarlo groseramente", dice el analista.
Más allá de la sentencia que se conocera próximamente, todo indica que quedarán flotando muchos nombres sobre los que el fiscal Paolini no se hebría detenido.

Todo indica que Andreu, el hombre que pateó el hormiguero y desató el escándalo tiene razón y en lo que algunos ya han dado en llamar "Comodoro Py" patense o "Ministerio de la Venganza", , se va a condenar a perejiles.

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