La justicia de La Plata investiga un fraude millonario con "pymes electorales", revela un detallado informe periodístico del diario 0221.com.ar. 

"La mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecían al distrito por el que se postulaban. ¿Cómo es el mecanismo para hacerse de fondos y desaparecer?", se indica.

Entre los investigados figura un "partido" que en la elección de La Plata sacó 14 votos, es decir que no los votaron ni todos los miembros de la lista.

El informe de 0221.com.ar señala que en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto se presentaron unas 26 opciones (algunas de ellas, con listas internas) pero solo quedaron cuatro de ellas que sí lograron obtener al menos un 1,5% de votos del total del padrón electoral y en el medio se licuaron además cientos de millones del Estado destinados a la impresión de boletas en una maquinaria que, según investiga la Justicia, escondería maniobras reñidas con la legalidad.

A las fuerzas políticas tradicionales (el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, entre muchas otras) se sumaron en las últimas décadas nuevas agrupaciones que llevan años compitiendo en elecciones (como el PRO y ARI, por caso) y alianzas políticas como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, pero también existe un ecosistema de partidos nacionales, provinciales y municipales que irrumpieron de golpe en el mapa electoral (solos o en alianzas) y que, así como llegan, desaparecen hasta el nuevo turno electoral. En este marco la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires detectó y denunció ante la justicia penal de La Plata la presencia de listas "ilusorias", con precandidatos que no pertenecen al distrito por el cual se postulan, lo que derivó en la baja de los partidos observados y hasta generó un ahorro de casi 1.000 millones de pesos por boletas que no tuvieron ni tendrán que ser impresas, según indicaron fuentes judiciales.

Este año se estableció una tarifa de 2,92 pesos por cada tramo de los ocho que tuvieron las boletas en las PASO a nivel provincial y con un total de 14.059.936 electores habilitados, cada partido se hizo acreedor solo para imprimir cada tramo de 41.055.013,12 pesos. Ahora bien, quienes presentaron más de un cuerpo, como en el caso de los frentes más conocidos, y tuvieron por caso representantes a gobernador, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y senadores bonaerenses (como en el caso de La Plata), por ejemplo, se hicieron con $123.165.039,36, según los datos judiciales.
En concreto, se advirtió un significativo número de observaciones y una sistemática directriz en la confección de las listas que se reflejaba en que la mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecían al distrito por el cual se postulaban en los partidos "Encuentro Republicano Federal", "Esperanza del Pueblo", "Frente Federal de Acción Solidaria" y "Justicia y Dignidad Patriótica". Vale destacar, en este punto, que las identidades de las personas investigadas (apoderados y precandidatos) se mantendrán en reserva para no obstaculizar el transcurso normal de la investigación penal preparatoria.

Desde el órgano electoral -encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Gabriel Torres, e integrado por los magistrados Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Claudia Milanta y el titular del Tribunal de Cuentas Federico Thea, señalaron que lo habitual es que en una lista pueda haber uno o dos precandidatos que registren una falencia en cuanto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Sin embargo, en estos casos se dio la particularidad de listas completas en las que ningún precandidato pertenecía o tenía domicilio en el distrito por el que pretendía competir.

Para ejemplificar, se advirtió que la lista de precandidatos de Chivilcoy del partido "Encuentro Republicano Federal" solo contaba, en forma alternada, con ciudadanos domiciliados en los distritos de José C. Paz y La Matanza. En igual sentido los precandidatos del partido "Esperanza del Pueblo", del distrito Luján, resultaban ser todos ciudadanos de San Nicolás; la lista del "Frente Federal de Acción Solidaria" de Chacabuco estaba integrada por ciudadanos de los partidos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela; y la perteneciente a La Plata del partido "Justicia y Dignidad Patriótica", con precandidatos de los distritos de Azul, San Nicolás, General Pinto y Junín. Fuentes del organismo explicaron que, ante esas observaciones, se advirtió a los apoderados partidarios que se harían denuncias penales para investigar la posible comisión de algún delito de defraudación, por lo que ellos mismos decidieron bajar las listas.

En virtud de estos hallazgos y las eventuales maniobras que pretendían perpetuarse en contra del fisco y del electorado bonaerense, la Junta Electoral de la Provincia decidió remitir sus actuaciones a la Procuración General para que investigue la posible comisión de delitos. La causa abierta a partir de esta intervención tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 -a cargo del fiscal Juan Menucci- y el Juzgado de Garantías 4 -cuyo titular es Juan Pablo Masi- del Departamento Judicial La Plata. En tanto, a fines del mes de julio la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se sumó al operativo de control y se aguarda el resultado de informes y auditorías que están en pleno proceso de ejecución.

El aporte previsto por el Estado provincial para la impresión de boletas de las elecciones primarias asciende a $2.695.660.935,76, pero la intervención y la consecuente baja de las listas observadas permitió alcanzar un ahorro de $944.016.155, 68. Las autoridades judiciales explicaron, en este marco, que la detección de estas maniobras no solo permitió evitar el malgasto de recursos del Estado sino la vulneración del electorado, puesto que aún cuando alguna de ellas hubiera conseguido superar el piso de las PASO, no habría podido presentarse en octubre a raíz de estas irregulridades.

EL MECANISMO

El marco legal vigente establece que los partidos políticos reconocidos y vigentes reciban apoyo financiero del Estado para las elecciones, para asegurar, de mínima, la impresión y abastecimiento de boletas. "El negocio es bastante sencillo. El Estado manda los recursos para la impresión de las boletas, pero nadie controla a las imprentas ni la cantidad de material impreso. Se factura un padrón de 400 mil boletas, pero se imprimen 50 mil. Por eso, muchas veces faltan boletas en los cuartos oscuros durante la apertura de las mesas el día de las elecciones", explicó un conocedor de los pasillos de la política a 0221.com.ar.

La regla matemática no falla: "A mayor cantidad de listas en una interna, mayor presupuesto. Por eso, una de las patas del negocio es armar listas para que compitan en internas", detallaron fuentes judiciales.