El diputado nacional Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel y la abogada María Eugenia Talerico, todos pertenecientes a la agrupación Republicanos Unidos, acusan de "mal desempeño" a los jueces que liberaron a detenido y anularon la causa por errores en el procedimiento policial.

Deslizaron que la actuación de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo pudieron haber actuado influenciados por factores políticos o personales.

 La denuncia fue hecha ante la secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público bonaerense, encabezada por Daniel Horacio Lago.

“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, dice el texto firmado por López Murphy, Iguacel y Talerico.

"Hay una actuación judicial absolutamente irregular que tiende a cubrir un entramado de corrupción que va mucho más allá de 'Chocolate'. Deberían ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento", dijo María Eugenia Talerico a Radio Contintal.

Los legisladores plantearon que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.

En ese sentido, piden que la Justicia intervenga en el caso: “La intervención judicial es urgente, y no significa una intromisión de un poder sobre otro, porque más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense”.

Finalmente, la denuncia expresa la necesidad de que haya respuestas hacia la sociedad, con el objetivo de “ir hasta las últimas consecuencias para desmantelar los entramados de corrupción que degradan a nuestro sistema democrático y perjudican a nuestros ciudadanos”.

Telarico  dijo: “hay algo más que una diferencia de un criterio jurídico y hay un mal desempeño en sus funciones así que debería ser sometido a un jurado de enjuiciamiento”

“Hace mucho tiempo que escuchamos que la Legislatura podía ser una caja política, y ya es hora de investigar estas situaciones. Esta persona con esas tarjetas y contratos no actúa sola. Hay que patear hormigueros porque el dinero que tiene el presupuesto de la Legislatura es de 72.000 millones. Javier Iguacel me decía que este cálculo presupuestario no cierra por ningún lado porque con 10.000 millones la Legislatura podría funcionar”, dijo.