Hasta que fue anuada a causa la fiscal Betina Lacki había llegado a interrogar a 16 de las 48 personas con tarjetas de débito. Casi todos aseguraron que cumplían alguna función en la Legislatura, que lo conocían a Chocolate y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta, en algún caso para colaborar con un merendero.
“Yo le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata”, aseguró Diego Köster (68), quien dijo ser empleado de la construcción y afirmó cumplir tareas en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Cobraba entre 560 y 570 mil pesos.

Otra de las empleadas que declaró ante la Justicia, Lourdes Degollada (50), dijo ser empleada en un depósito de la Cámara de Diputados ubicado en la calle 70, entre 4 y 5 de La Plata, donde solo tenía que cumplir unas 30 horas semanales. También ensayó la teoría de la entrega “voluntaria” de la tarjeta y habló de colaboraciones para un merendero que tendría el puntero del PJ. “Nosotros le dábamos la tarjeta de débito para cobrar, éramos varios los que le dábamos la tarjeta, mi hermana se la daba seguro, después conozco otra chica en común Agatha. Él se encargaba de eso, le dábamos para que él vaya a cobrar y colaborábamos con el merendero, cada uno le daba lo que quería”, sostuvo.
Otra de las personas que declaró ante la fiscal Lacki es Maroni Sheila Belen (34), una mujer que dijo trabajar en el área de personal de la Cámara de Diputados bonaerense desde 2013. “Generalmente trabajo desde mi casa, voy a la oficina pero no tengo un horario”, aclaró.

Cuando le preguntaron por Rigau, aseguró que “vive a dos cuadras de su casa” y que le cobraba el sueldo pero “le devolvía” el dinero. “A Julio lo conozco desde hace mucho tiempo y por eso le daba la tarjeta para que me cobre, yo soy un desastre y no tengo tiempo. El me sacaba el dinero y después me la devolvía, básicamente yo no voy al cajero”, aseguró.
Otra declaración testimonial que publica el portal Infobae corresponde a María Cristina Degollada (55), quien dijo realizar tareas de limpieza en el galpón de la calle 70. Al igual que su hermana, sostuvo que le daba la tarjeta a Rigau de manera voluntaria. “Los primeros días del mes le dábamos la tarjeta y él sacaba 30 mil pesos, que es lo que se puede sacar y nos la devolvía. Y además nosotros colaboramos con el merendero que tiene en su casa, con parte de dinero, con ropa, algunos víveres”, aseguró.

Ante la fiscal, los empleados revelaron que antes de declarar en sede judicial ya habían sido interrogados por una abogada del área de sumarios de la Legislatura. Sin embargo, las autoridades de la Cámara de Diputados nunca contestaron los oficios enviados por la Fiscalía con preguntas sobre los dueños de las tarjetas y sobre el modelo de contratación.

De todos los empleados que declararon ante la fiscal, el único que se corrió del libreto fue Ezequiel Torchi, quien aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara de Diputados porque le habían asegurado que su contrato no había prosperado.

Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.

La Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, anuló la causa y ordenó liberar a “Chocolate”. Sin embargo, la investigación todavía no se cayó. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, ya hizo la reserva y en los próximos días presentará una apelación. Tiene 20 días desde la notificación. Recién en ese momento, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.