lunes 20 de mayo de 2024 - Edición Nº3890
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Destapan una olla de "obsequios" a un ex funcionario para favorecer a una empresa de seguridad privada


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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a 19 sospechosos de haber participado o recibido “pagos indebidos”, tal como representantes de la empresa de seguridad privada Securitas. Rubén Adonajlo, exdirector de Habilitación y Control de Seguridad Privada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por cohecho

Adonajlo, quien estuvo en la PSA hasta 2018, fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La magistrada le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000.000.

A Terrado, de 66 años, directivo de la empresa, le dictaron la prisión preventiva y lo procesaron por ser uno de los organizadores de una asociación ilícita y por el delito de cohecho activo. El embargo sobre sus bienes alcanzó la millonaria suma de $30.000 millones.
Según surge del expediente citado por el diario La Nación, Terrado intentó explicar que los pasajes y las estadías en Europa que se le pagaron al funcionario de la PSA eran invitaciones de la filial española de Securitas para capacitaciones de cómo las empresas de seguridad privada prestaban el servicio de control en los aeropuertos de Europa.

Pero, los elementos de prueba recolectados durante la investigación, a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez, contradicen el intento de defensa de Terrado de sostener que los viajes eran por capacitaciones en Europa: hubo un pedido hecho a una agencia de turismo para cotizar un viaje a Dubai y hay constancias de un vuelo a los Estados Unidos, donde el excomisario de la policía bonaerense estuvo durante 15 días en septiembre de 2014.

En 2015, Adonajlo y su esposa viajaron desde Buenos Aires hacia Barcelona en business. Desde tierra catalana también volaron en primera clase hacia Palma de Mallorca, según consta en el expediente judicial.

Los investigadores citaron como pruebas documentos que llevaban como archivo el título “vuelos actualizados pax Adonajlo”.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, para los investigadores los reiterados agradecimientos hechos por Adonajlo y el “tenor” de los mensajes son una pauta de que el exfuncionario de la PSA fue beneficiado por la compañía para favorecer al grupo Securitas.
Para la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, según explicaron las fuentes consultadas, un dato importante fue que Adonajlo fue quien, desde la PSA, otorgó las autorizaciones para que la empresa opere en los aeropuertos.

Adonajlo y Terrado son dos de los 19 procesados por la jueza Arroyo Salgado. La mayoría de los acusados son exdirectivos de Securitas Argentina, pero en la lista de acusados también hay un subcomisario de la policía bonaerense que cumplía funciones en la Dirección de Coordinación de Delegaciones Administrativas Departamentales; un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que prestó servicio en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y dos gerentes de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Según surge del expediente judicial, Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2195 millones de pesos.

El monto de lo que se habría pagado en sobornos surge de una investigación interna hecha por la empresa. Según la auditoría de la compañía, entre 2013 y 2018 se habrían utilizado 300 proveedores “presuntamente fraudulentos” para evadir impuestos por una cifra de entre $730.173.550 y $2.195.662.400.

Como informó LA NACION en su momento, la investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.

La investigación continúa. Los detectives judiciales, según explicaron fuentes del caso, quieren identificar a otros exfuncionarios públicos y empleados que habrían recibido el dinero de las coimas por parte de representantes de Securitas.

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