Un grupo de quince policías que prestaron servicio adicional (Polad) en el barrio 332 Viviendas de Ciudad Evita, La Matanza, entre febrero y junio de 2022, denuncian que nunca recibieron los pagos correspondientes, señala uhn informe del portal de noticias Real Politik.

La empresa contratista abonó en tiempo y forma aproximadamente 8 millones de pesos por el servicio, pero los efectivos no vieron reflejados esos pagos en sus cuentas, según la denuncia formal presentada ante Asuntos Internos y la Unidad Fiscal de Gravedad Institucional de La Matanza.

El problema, según relataron los denunciantes a REALPOLITIK, se habría originado por un esquema de corrupción que incluyó la falsificación de firmas y la asignación de horas trabajadas a personas que no prestaron servicio. Las horas de trabajo fueron distribuidas entre allegados a los jefes a cargo del servicio, quienes además retenían parte de los pagos. Un comisario mayor, que en ese momento ocupaba el cargo de subcomisario, ha sido señalado como el responsable de frenar los pagos, presuntamente para encubrir el manejo irregular de los servicios adicionales.
"El expediente quedó dormido en su GDEBA (Gestión Documental Electrónica de Buenos Aires) personal", afirmó uno de los denunciantes. Además, advirtieron que esta práctica es habitual en otros servicios adicionales, como los que se prestan en hospitales, donde efectivos que deberían estar en la calle son asignados a tareas que no realizan, mientras que el dinero es cobrado por otros.

Pese a que se realizaron declaraciones testimoniales en la fiscalía, hasta el momento no ha habido avances significativos en la causa. Los efectivos, que realizaron el servicio por necesidad económica, siguen sin recibir el pago correspondiente y han contratado un abogado para presentarse como particulares damnificados en la causa penal.
Este caso refleja una de las tantas irregularidades en la gestión de los servicios adicionales policiales durante la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, donde se manejan millonarios fondos con escasa transparencia, afectando tanto al personal policial como a la ciudadanía, que queda desprotegida ante estas prácticas fraudulentas.

Finalmente, vale destacar que los policías afectados aseguraron a Real Politik que continuarán su lucha para que se haga justicia y se les pague el dinero que legítimamente les corresponde.