La abogada Magalí Ledesma, perteneciente a ARDA (Asociación Reducción de Daños Argentina), explicó que detrás de muchas de estas organizaciones, bajo el pretexto de un tratamiento alternativo contra el consumo, se oculta “el más cruel y degradante de los encierros, y en la mayoría de los casos los pacientes son sometidos a la esclavitud, hacinamiento y trabajo forzado generando dividendos para los encargados de las granjas. Otro de los aspectos oscuros de estas ´granjas´ es la forma de captación de los pacientes” explicó la letrada.

El pedido concreto a las dependencias de Salud mental y Adicciones, tanto bonaerense como nacional, se dejó plasmado en los alegatos del juicio que se lleva adelante en el TOC de San Isidro, por la muerte de 5 personas (4 luego de un incendio y otro fue hallado ahogado en una pileta) en la “Resiliencia San Fernando” comunidad terapéutica ubicada la localidad de La Lonja partido de Pilar. La sentencia a los 6 imputados se conocerá a fines de noviembre y entre las imputaciones aparecen homicidio simple, asociación ilícita, reducción a la servidumbre y estafas reiteradas.

 De acuerdo a cifras oficiales de ARDA, las muertes dudosas en este tipo de contextos superan las 10 víctimas en los últimos años, entre suicidios, ahogos, incendios entre otros factores, señaló Ledesma.

 "Solicitamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se declare la emergencia en el ámbito de las comunidades terapéuticas, para que sean investigadas tanto las habilitadas como las clandestinas, que son muchas y funcionan como un centro clandestino de detención. Por otro lado, es importante destacar que incluso las habilitadas aplican el programa Minnesota, que es lo que sucedía en Resiliencia San Fernando. El tratamiento modelo Minnesota, es una práctica totalmente abstencionista que atenta indiscriminadamente los derechos humanos del usuario sin tener en consideración más que el sometimiento absoluto del paciente que requiere un tratamiento integral y mucho más complejo que la abstención total de estupefacientes. También pedimos que se apliquen los protocolos de investigación de muertes dudosas, los cuales desde la UIP- ARDA, fueron puestos a disposición desde el 2019. Es importante que no sean más naturalizadas las muertes y las violencias en este contexto. Hoy por hoy la reducción de daños es asumida como el paradigma que tiene la respuesta a esta encrucijada y hay evidencia científica sobre esto. Las y los usuarios de drogas, con problematización en los consumos, merecen ser tratados como pacientes del sistema de salud mental y no como personas privadas de su libertad. Esto es lo que se debatió en la última audiencia". finalizó la letrada, profesora de Políticas de Drogas y reducción de daños de la UNLP.

Fuente Agencia Fueros