La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de fomento de producciones audiovisuales que había sido enviado el año pasado por Axel Kicillof. Ahora será girado al Senado.

Dicha iniciativa implica la promoción e impulso de toda la cadena de valor vinculada a contenidos audiovisuales, y también contempla la creación de una Red de Salas Bonaerense.

El proyecto señala que se buscará propiciar el apoyo a propuestas con temáticas vinculadas a la paridad de género, derechos de las niñeces, consumos problemáticos, acceso a la tierra y la vivienda, y soberanía ambiental, entre otros.

Además, se creará el Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, con el objetivo de que el fomento se instrumente de forma transparente, inclusiva y equitativa.

Margarita Recalde, diputada de Unión por la Patria, defendió el proyecto en el recinto. Señaló que “protege el empleo de un sector” y pidió entender que se está defendiendo a una industria: “La producción audiovisual mueve musicalizadores, guionistas, vestuaristas, empleados del cine”.

También señaló que se trata de una industria que exporta y genera divisas, y que los proyectos que sean fomentados por esta ley deberán asegurar los derechos laborales y previsionales de los trabajadores involucrados.

“El actual gobierno nacional cree que las salidas recreativas no son una necesidad. Para nosotros sí es un derecho disfrutar de las salidas a un recital, a un partido de fútbol, al cine, al teatro”, agregó, y deseo que estas producciones audiovisuales sean “un espejo de la identidad bonaerense” y “una contracara de los discursos antipopulares, antisoberanos, y antidemocráticos”.

Desde el PRO rechazaron la iniciativa. Fernanda Antonijevic señaló que no se puede favorecer al sector audiovisual cuando hay otras industrias que cayeron con más fuerza y cuando aún rige una emergencia económica en la Provincia.

“La ley va a necesitar nuevos cargos, nuevas erogaciones, e implicará una imposición fiscal a todos los bonaerenses”, sostuvo, y agregó que los contenidos tendrán un “sesgo militante”.

En tanto, el diputado liberal Guillermo Castello también manifestó su oposición. Centró sus críticas en el funcionamiento que había tenido el INCAA hasta el 2023 e indicó que la iniciativa de la Provincia favorecerá el “amiguismo” y las “billeteras de militantes K”. “El proyecto es burocrático, costoso. La sospecha es que se convierta en un kiosco para los amigos”, agregó en el mismo sentido, y concluyó que este “privilegio” es una quita de plata a las personas pobres.