En Argentina, el 14% de los hogares son monoparentales o monomarentales, y el 80,1% de ellos están encabezados por mujeres. De esos hogares, siete de cada diez viven en situación de pobreza, y tres de cada diez, en la indigencia. La falta de cumplimiento del aporte alimentario agrava esa situación, tanto desde lo económico como desde lo vincular.

La ley obliga a ambos progenitores a sostener económicamente a sus hijos hasta los 21 años, o hasta los 25 si continúan sus estudios. En los casos de separación, quien no convive con los hijos debe abonar una cuota que cubra sus necesidades. Sin embargo, el incumplimiento es la norma.

El informe de UNICEF indica que el 61% de los hombres que no pagan alegan tener una mala relación con la madre o con los hijos. Otro 24% afirma no contar con ingresos suficientes o tener trabajos informales que dificultan el pago.
Agustina Correa, abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió que “la violencia económica nunca aparece sola” y que su impacto afecta directamente el desarrollo de la infancia. Mora Straschnoy, del área de Políticas de ELA, agregó que muchas mujeres desconocen sus derechos o no cuentan con recursos para reclamar legalmente.

El Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires publicó un informe que muestra que el 65% de las mujeres no sabe a qué organismos recurrir, y el 45,9% desconoce el alcance de la obligación alimentaria. Muchas separaciones no incluyen acuerdos escritos. En esos casos, las madres quedan sin respaldo legal y los padres eluden sus responsabilidades sin consecuencias inmediatas.

Ana Rosenfeld, abogada especializada en derecho de familia, señaló que “el incumplimiento se vuelve crónico cuando no hay sanción efectiva” y remarcó que muchas veces “los juicios son tan largos que el monto fijado queda desactualizado al momento de la sentencia”.

CANASTA DE CRIANZA
La canasta de crianza, elaborada por la Dirección de Economía y Género en 2022, busca establecer un valor de referencia mensual que contemple alimentación, vestimenta, vivienda, educación y cuidados. Aunque se actualiza periódicamente por el INDEC y ya fue utilizada en más de 30 sentencias en 2024, muchas mujeres desconocen su existencia.

El índice puede servir como piso para establecer la cuota alimentaria. Según Straschnoy, esto ayuda en casos donde no hay pruebas suficientes sobre ingresos o necesidades. Además, permite valorar el tiempo de cuidado y la sobrecarga que enfrentan las madres.

Cuando el padre no puede o no quiere pagar, las especialistas explican que es posible reclamar a los abuelos paternos o embargar bienes. También existen sanciones como la prohibición de conducir, salir del país o asistir a espectáculos públicos. Sin embargo, estas medidas no siempre resultan efectivas. “El registro de deudores no asusta a nadie”, sostuvo Rosenfeld.

En algunos casos extremos, se llegó a embargar inmuebles o aplicar condenas creativas. En Córdoba, por ejemplo, la Justicia obligó a una mujer a pagar la deuda de cuota alimentaria que su esposo mantenía con su expareja.

Los profesionales coinciden en que la principal traba está en la lentitud de la Justicia. “Los jueces piden pruebas excesivas y los procesos se vuelven eternos”, explicó Rosenfeld. “Mientras tanto, los niños quedan atrapados en un sistema que no los protege”.