Se trata de fondos por transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la caja previsional provincial. Kicillof se presentó en los tribunales, a diferencia de la primera reunión que se realizó por el tema, el 17 de marzo, cuando estuvo representado por funcionarios.

El encuentro en la Corte estaba pautado desde el 17 de marzo, cuando se realizó la primera audiencia convocada por el máximo tribunal para forzar un diálogo entre los gobiernos nacional y provincial, que sostienen un fuerte enfrentamiento.

En la primera audiencia, que se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, se definió la cita para el nuevo encuentro que se desarrolla este martes. El máximo tribunal exigió que, para la audiencia de hoy, ambas administraciones hayan concretado intercambios de información. En la reunión, deben informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.

El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.

“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional”, expresó Kicillof.

”Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, agregó.

Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, en la primera audiencia, el gobierno provincial estuvo representado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti.

Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.