Bajo el argumento de combatir un problema inexistente, el Senado avanza con una reforma que endurece penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, abuso sexual y contra las infancias. Impulsado por Carolina Losada, el proyecto ya tiene dictamen y podría tratarse en el recinto, con efectos concretos: desalentar y silenciar a quienes denuncian.

En nombre de un problema que no existe, el Senado argentino está a punto de avanzar con una reforma penal que sí tiene efectos muy concretos: disciplinar, desalentar y silenciar a quienes se animan a denunciar la violencia machista. El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen favorable de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y podría tratarse en el recinto en los próximos días, propone endurecer las penas por “falsas denuncias” cuando se trate de casos de violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

La escena no es nueva. Bajo la retórica de la “defensa de inocentes” y la “seguridad jurídica”, se reinstala una “sospecha” histórica: la de que las mujeres y las infancias mienten. Pero los datos, las investigaciones y la experiencia judicial dicen otra cosa. Lo que está en juego no es una mejora del sistema penal, sino una disputa política, ideológica y cultural sobre quiénes tienen derecho a ser creídas.

Qué dice el proyecto

El proyecto modifica los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas en casos de falsas denuncias y falso testimonio, ya contemplados en ese texto. En su redacción actual, la propuesta de Losada establece penas de 3 a 6 años de prisión cuando la supuesta falsedad esté vinculada a “delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual”.

Además, amplía la persecución penal a testigos, peritos e intérpretes, aumentando penas e imponiendo la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena recibida para el caso de profesionales encontrados culpables.

El núcleo de la iniciativa es claro: endurecer la respuesta penal en un área específica -ni siquiera sobre todas las falsas denuncias- sino exclusivamente sobre aquellas que involucran violencia de género. Un recorte que no tiene nada de técnico, sino que parte de una decisión ideológica y política, que alienta desde su asunción el gobierno de Javier Milei, junto a la derecha más conservadora.

Con esta reforma, una supuesta “falsa denuncia” podría ser castigada con penas más altas que algunos delitos de abuso sexual. Por eso, lejos de resolver problemas, el proyecto agrega una nueva capa: el miedo a ser denunciado o denunciada, ya sea como víctima, como testigo, o como profesional.

Un problema más que inflado

El avance de esta iniciativa ya generó alertas a nivel internacional. El Comité de la CEDAW instó en 2025 al Estado argentino a retirar el proyecto, advirtiendo que podría desalentar denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia.

Las cifras, además, son contundentes. Según datos citados por organizaciones especializadas, las falsas denuncias representan apenas el 0,25%, a lo sumo el 0,3%, de las condenas penales en Argentina (Consejo de la Magistratura, 2025). En muchos casos, además, están vinculadas a delitos económicos, no a violencia de género. A nivel internacional, el fenómeno es igual de marginal: menos del 1% de los casos (ONU Mujeres, 2024).

En cambio, el verdadero problema es el silencio. Solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género, y en casos de violencia sexual, la cifra desciende al 10%. Lo recordó el pasado 21 de abril Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en una Jornada de debate que se concretó recientemente en el Senado de la Nación.

La mayoría de los abusos ocurre en ámbitos “privados”, de intimidad, muchas veces de confianza, y donde denunciar implica exponerse y enfrentar un sistema que revictimiza en lugar de alojar, de proteger. Por supuesto, ese silencio tiene consecuencias concretas. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Edición 2023), sólo el 18% de las víctimas directas de femicidio había realizado al menos una denuncia formal contra su victimario antes del crimen, y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

Es decir que no se trata de un vacío legal sino de la construcción de una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con la apuesta por reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a contar la violencia que vivieron.

La trampa conceptual: cuando no hay prueba, ¿hay mentira?

Uno de los puntos más graves del proyecto es su efecto sobre el sentido común judicial. En delitos de violencia de género o abuso sexual, la falta de condena no implica falsedad. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias estructurales: hechos que ocurren dentro de las paredes del hogar, sin testigos directos, bajo dinámicas de poder y tiempos subjetivos y materiales completamente desiguales, en detrimento de las víctimas.

Sin embargo, la reforma introduce un riesgo concreto: que la falta de prueba sea reinterpretada como indicio de falsedad. Ese desplazamiento no es menor. Implica trasladar la carga de la prueba hacia quienes denuncian y abrir la puerta a su persecución penal. El resultado es previsible: menos denuncias ante un sistema que ya expulsa con múltiples barreras, como lo son los procesos largos, costosos y revictimizantes por los que hay que atravesar, o la falta de patrocinio jurídico gratuito, o los sesgos de género en operadores judiciales, o las dilaciones e incumplimientos de medidas de protección, por mencionar algunos.

Pero además, el proyecto institucionaliza el silenciamiento que promueve el propio Estado con los despidos en programas de atención a las víctimas de violencia, recorte de políticas conquistadas con años de lucha y organización y negación de la violencia machista. A esto se suma el ataque permanente a otras políticas de prevención, como los constantes intentos de vaciar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que durante años funcionó como una herramienta clave para detectar situaciones de abuso y acompañar a niñas, niños y adolescentes, producto de la pelea dada por la docencia y la comunidad educativa. El desmantelamiento de estos dispositivos no es ingenuo: es parte de una misma orientación estatal que restringe derechos y debilita las herramientas de denuncia.

Tampoco se trata de un movimiento aislado. En 2025, la Red de Medios Digitalespresentó un “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha”, una investigación colaborativa realizada por Feminacida, Periódicas, Enfant Terrible y La Nota Tucumán. El relevamiento identificó 44 actores -entre organizaciones, fundaciones, profesionales del derecho y funcionarios- a cargo de la producción y circulación de discursos contra la llamada ideología de género.

La figura de falsa denuncia, ya considerada en el Código Penal, tiene una definición legal precisa y restrictiva: exige la acreditación de una intención deliberada de denunciar un hecho inexistente. No alcanza con que una causa no prospere. Equiparar archivo o absolución con falsedad no solo es incorrecto, sino que distorsiona la realidad, en pos de esa política.

Pero este proyecto va más allá. Como señaló en sus redes la diputada Myriam Bregman, apunta a disciplinar, a reinstalar sentidos comunes como el de la de “mala víctima”, el de “madre manipuladora”, el de un interés económico detrás de la denuncia, el de teorías hartamente desacreditadas como la del (falso) Síndrome de Alienación Parental (SAP). Construcciones sin sustento científico, utilizadas generalmente por las defensas, para invertir la carga de la prueba y fortalecer campañas de desprestigio contra quienes se animan a hablar de la violencia que viven o vivieron, y contra quienes les acompañan, presentandoles como “operadores” que buscan dañar la imagen de los acusados.

Como dice la diputada del PTS/FITU, “la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas“.

Frente a ea avanzada que vemos fortalecerse de la la mano de la gestión libertaria, con el propio presidente Javier Milei calificando al feminismo como una “distorsión” en el Foro de Davos, mientras que el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionaba la figura de femicidio, abonando su eliminación del Código Penal, recuperar la organización y la movilización en la calle se vuelve una tarea urgente.