Un informe elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal puso en discusión uno de los principales argumentos utilizados para impulsar el proyecto sobre “falsas denuncias” que promueve la senadora nacional Carolina Losada. Según el relevamiento, las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de las más de ocho millones de investigaciones penales registradas entre 2022 y 2024 en 17 jurisdicciones del país.

El documento sostiene que no existe evidencia estadística que justifique un endurecimiento de penas o la creación de nuevas figuras penales vinculadas a falsas acusaciones en casos de violencia de género o abuso sexual infantil. Además, aclara que una causa archivada, una absolución o la falta de condena no implican automáticamente que la denuncia haya sido falsa, ya que para configurar ese delito debe probarse una intención deliberada de mentir.

El informe también remarca que las escasas causas detectadas por falsas denuncias suelen estar relacionadas con delitos económicos, fraudes o conflictos patrimoniales, y no con acusaciones por violencia sexual o de género. En ese sentido, advierte que avanzar con reformas punitivas podría generar un efecto regresivo sobre el acceso a la Justicia, especialmente en delitos atravesados históricamente por la subdenuncia y el temor de las víctimas a denunciar.

Desde distintos sectores vinculados a derechos humanos y organizaciones feministas sostienen que instalar la idea de una supuesta “industria de las falsas denuncias” puede transformarse en un mecanismo de intimidación para quienes buscan denunciar abusos o acompañar a víctimas. El debate tomó mayor dimensión luego de que el proyecto impulsado por Losada obtuviera dictamen en la Comisión de Asuntos Penales del Senado.

En paralelo, el exjuez Carlos Rozanski presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra Losada, el senador libertario Juan Carlos Pagotto y Andrea Guacci, entre otros involucrados. La acusación plantea que existe un “plan de coacción e intimidación” dirigido a profesionales de la psicología y trabajadores vinculados a casos de abuso sexual infantil y violencia de género.

Rozanski, actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), aseguró que “no hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias” y cuestionó que se utilicen casos de absoluciones o falta de pruebas para instalar públicamente la idea de acusaciones inventadas. Según explicó, el objetivo de estas iniciativas sería desacreditar informes psicológicos y desalentar tanto las denuncias como el acompañamiento profesional a víctimas.

La presentación judicial lleva además las firmas de referentes como Taty Almeida, Dora Barrancos y Nelly Minyersky, entre otros representantes de organismos de derechos humanos, académicos y especialistas en infancias. El escrito advierte sobre un “backlash antifeminista” que busca reinstalar prejuicios sobre las denuncias de violencia sexual y generar temor tanto en víctimas como en profesionales que intervienen en este tipo de casos.